Carta Aberta ao Sr. Presidente da República

CONSTITUIÇÃO E CÓDIGO DO CONSUMIDOR AFRONTADOS PELO PL 3.118/2008

O PL 3.118/2008 que se propõe a tratar da Política Nacional de Turismo, definir as atribuições do Governo Federal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístico, constitui-se em texto legislativo de marcada importância no sistema jurídico nacional e, por essa razão, deveria ser largamente discutido pela sociedade civil. Sua edição revogará textos que estão em vigor há mais de trinta anos, o que demonstra a necessidade de ponderação e amadurecimento.
Entretanto:
1. Apresentado em 27/03/2008, em regime de urgência, menos de 5 meses após, já resultou aprovado por ambas as Casas do Congresso Nacional, surpreendendo a todos e especialmente, as entidades de defesa do consumidor. Resta evidente que os srs. parlamentares não tiveram tempo para a devida análise, tanto que ainda nem se aperceberam de que estão, concomitantemente, aprovando dois textos cujos dispositivos se confrontam irremediavelmente. Com efeito, tramita paralelamente no Congresso, o PL 5.120/2001, que dispõe sobre as atividades das agências de turismo. Esse PL, atualmente na Câmara dos Deputados, já recebeu aprovação do Senado e é inconciliável com dispositivos do PL 3.118/2008.
2. Por outro lado, destaca-se no PL 3.118/08, o parágrafo sexto do artigo 27, que afronta o princípio da igualdade e da proteção ao consumidor consagrados na Constituição Federal (arts. 5°, caput e inciso XXXII e art. 170, V), portanto, está eivado de inconstitucionalidade:
"Art. 27. (...)
(...)
§ 6º A agência de turismo é responsável objetivamente pela intermediação ou execução direta dos serviços ofertados e solidariamente pelos serviços de fornecedores que não puderem ser identificados, ou, se estrangeiros, não possuírem representantes no País.
(...)"
3. Além da Constituição, também o Código do Consumidor é afrontado na sua essência. Fundado na vulnerabilidade do consumidor, o CDC adotou os princípios da responsabilidade objetiva e solidária de forma que o prejudicado pode pleitear ressarcimento de danos materiais e morais, de todos os que integram a cadeia produtiva do bem ou serviço (arts. 7°, § único; 12, caput, 14, caput, 18, caput, 25, § 1° e 34). Trata-se de um elemento equilibrador da desigualdade de forças na relação consumerista e, portanto, não pode ser eliminado.
4. Ao retirar a aplicação dos princípios da responsabilidade objetiva e solidária das agências de turismo, o PL 3.118/08 cria o consumidor de segunda classe – o turista – já que nas demais relações de consumo, aplica-se o CDC. E, em contra-partida, cria privilégio inaceitável às agências de turismo, que se eximem da aplicação do código do consumidor, nessa parte. O consumidor que confia na agência de turismo, terá suas portas fechadas quando sofrer qualquer lesão a seus direitos. Terá que procurar por terceiros que não conhece, que foram escolhidos pela agência que, malgrado ter recebido sua comissão, não se responsabiliza por nada.
5. Falta, ainda, no PL 3.118/08, o devido tratamento de um cuidado fundamental que deveria ser prioritário em um documento como esse: a segurança do consumidor. Essa falha transforma a lei em instrumento de desestímulo ao crescimento do setor turístico no país, afastando, ao invés de atrair, o turista nacional ou estrangeiro.
Resta ao sr. Presidente da República impedir que se concretizem essas inconsistências, seja pela falta de ampla discussão dos próprios parlamentares, seja pela falta de participação da sociedade civil, seja, ainda, pelas inconstitucionalidades que habitam no texto.
O que se espera do mais alto Dignatário da Nação, é o veto integral do PL 3.118/2008 ou, ao menos, o veto total do parágrafo sexto do artigo 27, para retomar-se o caminho da verdadeira Democracia.

ASSOCIAÇÃO FÉRIAS VIVAS

De la Jurisprudencia atenazante ... a la Legislación atenazante ,,,

Coincidiendo con el décimo aniversario de la entrada en vigor de la Ley 21/95 de los Viajes Combinados, el semanario profesional EDITUR dedicó dos temas de portada consecutivos al análisis del impacto que ha supuesto dicha normativa legal y como podrá evolucionar en el futuro. En la primera entrega se incluía un estudio académico realizado por Francisca Hernández y coordinado por los profesores Ramon Arcarons y Oscar Casanovas, que analizaba la jurisprudencia aparecida hasta ahora, así como un vocabulario técnico que se recomienda leer en primer lugar a las personas no familiarizadas con los términos jurídicos (Ley de viajes combinados: una jurisprudencia atenazante, núm. 2.362, de 17 de junio de 2005).No cabe duda que, una de las cuestiones más controvertidas durante estos años de aplicación de la Ley 21/1995 de los Viajes Combinados ha sido el régimen de responsabilidad y la normativa aplicable en cada caso.El precepto legal que se ha tenido como base para responder a la pregunta del millón: en caso de incumplimiento de contrato, ¿quién responde ante el consumidor: la agencia detallista o el mayorista? se encuentra recogido en el art. 11 LVC (hoy derogada)

Art. 11 LVC: responsabilidad de los organizadores y detallistas“Los organizadores y detallistas de viajes combinados responderán frente al consumidor, en función de las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, con independencia de que éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho de los organizadores y detallistas a actuar contra dichos prestadores de servicios. La responsabilidad será solidaria cuando concurran conjuntamente en el contrato diversos organizadores o detallistas, cualquiera que sea su clase y las relaciones que existan entre ellos.”Este precepto ha dado y sigue dando lugar a múltiples y diversas interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales. Si en algo existe unanimidad es en destacar su poca claridad y su escasa contribución a clarificar un tema, cual es el de la responsabilidad, que constituye una de las piedras angulares de la aplicación práctica de la ley y uno de los temas que más honda preocupación despierta en la actualidad entre los profesionales del sector, dado que incide de manera muy directa y no siempre favorable en el ejercicio de su actividad diaria y sus intereses económicos.Si bien inicialmente la mayoría de la doctrina (Aurioles, De La Haza) se inclinaba por una interpretación en el sentido de la mancomunidad, en los últimos años se ha podido observar una inversión en la tendencia (Soler Valdés), refrendada de manera mayoritaria por la denominada jurisprudencia menor, las sentencias de los Juzgados de 1ª Instancia y de las Audiencias Provinciales, que ha llevado a una consideración a favor de la solidaridad. Cabe señalar también, que la escasa Turisprudencia del Supremo es favorable a la adopción de este sistema.Hace ya unos años que nos planteamos desde la EUHT CETT diferentes líneas de investigación, vinculadas todas ellas con el desarrollo del Derecho del Turismo. En todas estas líneas hemos tenido la colaboración inestimable de estudiantes de la Diplomatura en Turismo, hoy ya Diplomados/as en Turismo, que han aportado análisis y reflexión a muchos temas, en ocasiones olvidados.TURISLEXCAT, forma parte de esta historia y realidad viva, en este blog “colectivo” hemos intentado aportar una parte de nuestras reflexiones, intentando actualizar en el “día a día” dichas problemáticas.…

A LA LEGISLACIÓN ATENAZANTE
Nos hemos atrevido a “parafrasear” uno de los titulares de los reportajes publicados en EDITUR (Ley de viajes combinados: una jurisprudencia atenazante, núm 2.362, de 17 de junio de 2005) y todo ello a raiz de que, desde el 1 de diciembre ha quedado derogada la Ley 21/1995, de 6 de julio, reguladora de los viajes combinados por Real Decreto Legislativo 1/2007.El Real Decreto refunde en un único texto la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y las normas de transposición de las directivas comunitarias dictadas en materia de protección de los consumidores y usuarios, encontrándose entre éstas la Ley de Viajes Combinados. Pero también se han hecho modificaciones que traerán consecuencias importantes en el día a día de los agentes de viajes.La nueva Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios llevaba meses discutiéndose (por si algún o alguna “profesional” le ha pillado por sorpresa su publicación) y, ha sido objeto de diversos debates. Cabe destacar la labor profesional de la Associació Catalana d’Agències de Viatges que en todo momento planteó sus posiciones, por la via de alegaciones, realizando una clara defensa de los intereses de sus asociados que con la nueva ley pueden ver afectada una parte de sus actividades. Lamentablemente no este el caso de una parte importante de Asociaciones Empresariales de Agencias de Viajes.En cualquier caso, como siempre, seguiremos colaborando con todos aquellos/as profesionales que sigan queriendo afrontar los retos del futuro con responsabilidad. Resulta evidente que, si cabe, ahora más que nunca es necesario sumar, en ningún caso debemos dividir ni restar, ... valgan las expresiones matemáticas.Coincidimos, con ACAV, después de una lectura rápida y, probablemente precipitada que una de las principales modificaciones, es la del artículo 162.1: “La responsabilidad frente al consumidor será solidaria de cuantos empresarios, sean organizadores o detallistas, concurran conjuntamente en el contrato, cualquiera que sea su clase y las relaciones que existan entre ellos, sin perjuicio del derecho de repetición de quien responda ante el consumidor frente a quien sea imputable el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato en función de su respectivo ámbito de gestión del viaje combinado”.
Los diferentes estudios llevados a cabo desde la EUHT CETT planteaban el hecho de que se estaba produciendo un línea majoritaria en la jurisprudencia, denominada menor (también llamada por nosotros TURISPRUDENCIA), que se inclinaba por considerar “la responsabilidad solidaria de todos aquellos empresarios, organizadores o detallistas, que concurriesen en el contrato de viaje combinado”. Las sentencias contrarias eran, en todo caso minoritarias, se trataba en estos supuestos de la denominada “responsabilidad mancomunada”. (vease Editur ...)Ante esta realidad, ya detectada en los últimos años ... la pregunta resulta muy evidente: ¿Qué ha cambiado?. De momento, la nueva Ley ha reconocido en su redactado la línea mayoritaria de la “Turisprudencia”, convirtiendo la “responsabilidad solidaria”, entre organizadores y detallistas que concurran en un contrato de viaje combinado en una norma que en estos momentos ya no plantea demasiadas duda. Ahora, se “re-abre” de nuevo el debate (nunca se ha llegado a cerrar).Resulta necesario afrontar los “nuevos” escenarios con serenidad y profesionalidad, tal y como lo ha demostrado la Associació Catalana d’Agències de Viatges y la mayoría de profesionales de este sector. Agencias de Viajes y profesionales que son conscientes que pasó la época de la intermediación ... y el futuro, sin duda prometedor, pasó por el asesoramiento profesional a unos clientes cada vez más exigentes, más profesionales y con más ganas de viajar.El futuro sigue en nuestras manos y, debemos afrontarlo sin “victimismos” (que son comprensibles en estos momentos), y con una, ahora más que nunca, imprescindible unidad y profesionalidad.

Agência de Turismo não é responsável por atraso de vôo

Em 02/05/06, o STJ, julgando o RESP 797.836-MG decidiu: "A empresa prestadora do serviço⁄pacote de viagem não pode ser responsabilizada pelo controle operacional das aeronaves da empresa transportadora e, por óbvio, pela parte técnica, ou seja, pelo defeito ou quebra da aeronave". Eis o inteiro teor:
"PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO VÔO. CODECOM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR AÉREO. AGÊNCIA DE TURISMO. CULPA NÃO COMPROVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07⁄STJ.
1. O Tribunal de origem considerou não restar comprovado nos autos nenhuma responsabilidade da empresa prestadora de serviço⁄pacote de viagem ("Brasil Caribe Tour") no atraso da decolagem do vôo da VASP, Belo Horizonte-São Paulo, que acarretou a perda da conexão, vôo da "Aerocancun", São Paulo-Havana. Como salientou o v. acórdão, "ao que emerge dos autos, a segunda apelante foi apenas prestadora do serviço⁄pacote de viagem, não podendo ser responsabilizada pelo controle operacional das aeronaves da VASP, e, por óbvio, pela parte técnica, ou seja, pelo defeito ou quebra da aeronave que conduziria os apelados para São Paulo, fato que teria motivado o atraso na decolagem".
2. O valor indenizatório do dano moral foi fixado pelo Tribunal com base na verificação das circunstâncias do caso e atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Destarte, há de ser mantido o quantum reparatório, eis que fixado em parâmetro razoável, assegurando aos lesados justo ressarcimento, em incorrer em enriquecimento sem causa.
3. A teor da jurisprudência desta Corte, tratando-se, in casu, de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. Precedentes.
4. Esta Corte consolidou entendimento consoante o qual, nas indenizações por dano moral, o termo a quo para a incidência da correção monetária é a data em que foi arbitrado o valor. Precedentes.
5. A pretensão de revisão da verba honorária, fixada nas instâncias ordinárias, exige, necessariamente, reexame de circunstâncias fáticas trazidas aos autos, o que é vedado pelo enunciado sumular nº 07⁄STJ.
6. Recurso não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Srs. Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, com quem votaram os Srs. Ministros CÉSAR ASFOR ROCHA e ALDIR PASSARINHO JÚNIOR.
Brasília, DF, 2 de maio de 2006(data do julgamento).
MINISTRO JORGE SCARTEZZINI, Relator
RECURSO ESPECIAL Nº 797.836 - MG (2005⁄0190822-4)
RELATÓRIO
O Exmo. Sr. Ministro JORGE SCARTEZZINI (Relator): Infere-se dos autos que LÚCIA MARIA HORTA FIGUEIREDO GOULART, LUCIANO SOARES DIAS E EUGÊNIO MARCOS DE ANDRADE GOULART, ajuizaram ação ordinária em face de VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S⁄A e "BRASIL CARIBE TOUR". Relataram que são professores universitários, lotados no Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, e, como tal, pretendiam participar do Seminário Internacional de Atenção Primária da Saúde, que realizou-se na cidade de Havana, em Cuba, no período compreendido entre os dias 25 e 28 de novembro de 1997, onde, além de assistirem às exposições científicas, iriam apresentar trabalhos próprios. Esclareceram que obtiveram autorizações para se afastarem de suas atividades no referido período e que cancelaram todos os compromissos profissionais e pessoais anteriormente agendados. Aduziram que, "objetivando operacionalizar o deslocamento para Havana, bem como a estadia durante o período do Congresso", celebraram "contrato de prestação de serviços com a empresa Brasil Caribe Tour, ora ré, sendo-lhes disponibilizado um pacote turístico especial", incluindo passagens aéreas e acomodações para sete noites, e, "para tanto, o senhor Luciano Soares Dias despendeu o montante de R$1.669,00 e os Srs. Eugênio M. Andrade Goulart e Lúcia Maria Horta de Figueiredo Goulart o importe de R$1.200,00, valores estes que foram desembolsados à vista em favor da empresa de turismo".
Afirmaram que a viagem inicial desta cidade (Belo Horizonte) para São Paulo seria efetuada em avião da VASP e estava programada para o dia 21 de novembro de 1997, às 20,20 hs., sendo que a viagem para Havana, a partir de São Paulo, seria feita no mesmo dia, às 23,40 hs., por um avião da Aerocancun.
Esclareceram que, ao chegarem ao aeroporto, às 19,30 hs., "foram cientificados pela VASP de que haveria um atraso no vôo com destino a São Paulo, mas que este atraso não prejudicaria a viagem para Havana, "ficando o funcionário da empresa ré incumbido de entrar em contato com a Aerocancun com o fito de inteirar-lhe acerca do abominável atraso, assegurando, com efeito, o embarque com destino a Cuba".
Afirmaram que, em virtude desse atraso, desembarcaram no aeroporto de Guarulhos, às 23,40 hs. e imediatamente se apresentaram no balcão a Aerocancun, onde foram informados de que "o vôo já estava fechado" e que não poderiam embarcar para Havana.
Aduziram que ficou evidenciado que a Aerocancun "não recebera qualquer comunicado por parte da VASP e que nada poderia fazer relativamente ao desagradável incidente".
Referiram que tentaram em vão viajar em outro avião e só então decidiram retornar a Belo Horizonte, sem participar do Congresso.
Por tudo isto, requereram que as rés sejam condenadas a lhes pagarem indenização por dano material, na ordem de R$4.869,00 (quatro mil e oitocentos e sessenta e nove reais), despendido à guisa do pacote turístico, e dano moral, a ser atribuído por este Juízo, corrigidos até a data do efetivo pagamento (fls. 02⁄67).
Em contestação, a Brasil Tour aduziu, em preliminar, a ilegitimidade ativa dos autores, porquanto a interessada seria a Universidade Federal de Minas Gerais, afirmando, ainda, que a causa de pedir não se coaduna ou se acopla ao pedido. No mérito, sustentou ter sido a VASP a causadora dos danos alegados pelos autores (fls. 69⁄71). De outro lado, a VASP, alegou que o atraso de vôo deu-se por problemas mecânicos ocorridos na aeronave, que estava impedida de decolar sem colocar em risco a vida dos tripulantes e passageiros, situação prevista na cláusula 9 do contrato de venda do bilhete aéreo; asseverou, ainda, inexistir, na espécie dano moral a ser reparado (107⁄133).
O d. juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, condenando as rés a pagarem solidariamente: a) a quantia R$1.669,00 (um mil seiscentos e sessenta e nove reais) pelos danos materiais sofridos pelos autor Luciano Soares Dias; b) a quantia de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais) pelos danos materiais sofridos pelos co-autores Lúcia Maria Horta Figueiredo Goulart e Eugênio Marcos de Andrade Goulart; c) a quantia de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais), para cada um dos três autores, a título de indenização por danos morais (fls.197⁄204).
As partes apelaram. Em seu recurso de apelação, alegou a empresa aérea que sua responsabilidade se restringe ao percurso BH-SP, aduzindo que o contrato aéreo é atípico, sujeito a problemas técnicos e intempéries climáticas, repisando não haver dano moral a ser reparado (fls.219⁄229). A segunda apelante argüiu que não se verificou a sua responsabilidade solidária, já "que nada tem a ver com o atraso do vôo", não tendo controle sobre a parte técnica das aeronaves da VASP (fls. 231⁄234). Quanto aos autores, estes apelaram adesivamente, postulando a incidência dos juros e correção monetária a partir do evento danoso, bem como a majoração dos honorários (261⁄263).
Julgando os recursos de apelação a eg. Primeira Câmara Cível do Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento à primeira apelação (VASP), reduzindo o valor indenizatório dos danos morais para R$7.000,00 (sete mil reais), para cada um dos autores. Quanto à segunda apelação ("Brasil Caribe Tour"), o Tribunal deu provimento integral, considerando não restar comprovado nenhuma responsabilidade da prestadora de serviço⁄pacote de viagem pelo controle operacional das aeronaves da VASP e, no caso, pelo atraso do vôo BH-SP, portanto, "não há como sustentar o dever ressarcitório com fundamento no § 1º, do art. 25 do CDC" (fls.310). Quanto à apelação adesiva dos autores, esta não foi conhecida. O v. acórdão manteve, quanto ao mais, a decisão de 1º grau.
O v. acórdão restou assim ementado (fls.296), verbis:
"INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VÔO. CODECON. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR AÉREO. AGÊNCIA DE TURISMO. CULPA NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS.
- O contrato de transporte aéreo caracteriza obrigação de resultado, sendo a responsabilidade do transportador objetiva, bastando para a caracterização do dever de indenizar a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre este e o serviço defeituosamente prestado, segundo prescreve o art. 12 do CODECOM.
- A empresa prestadora do serviço⁄pacote de viagem não pode ser responsabilizada pelo controle operacional das aeronaves da empresa transportadora e, por óbvio, pela parte técnica, ou seja, pelo defeito ou quebra da aeronave que conduzia os apelados, fato que teria motivado o atraso na decolagem e impedido sua participação em seminário realizado no exterior. Não se pode, ademais, esquecer que a responsabilidade do transportador aéreo é de cunho objetiva, independentemente de culpa ou dolo. Já a responsabilidade da organizadora do pacote de viagem é de cunho objetivo. Assim, para que responda, solidariamente, pelos danos causados, na forma do parágrafo primeiro do art. 25 do CDC, impõem-se que estejam presentes os elementos essenciais à etiologia da responsabilidade civil: culpa, ato lesivo e nexo causal.
- Admitida a ocorrência de dano moral pela aflição, desgaste mental e decepção com o cancelamento da participação em seminário internacional, cuja presença é reconhecida por um juízo de experiência, deve o julgador fixar o quantum indenizatório com prudencial critério, levando em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade".

Os autores interpuseram embargos de declaração (fls.314⁄315), os quais foram rejeitados (fls.319⁄324).
Apresentaram, então, recurso especial, com fulcro nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional (art. 105, III), em que alegam os seguintes tópicos: a) contrariedade aos arts. 4º, I, 6º, VI, e 25, I, do CDC, bem como dissídio jurisprudencial, sustentando a responsabilidade solidária da "Brasil Caribe Tour" no atraso do vôo BH-SP, que acarretou a perda da conexão para o vôo da "Aerocancun" com destino a Havana; b) majoração do valor indenizatório pelos danos morais, restabelecendo-se o montante da sentença (R$24.000,00), com base no disposto nos art. 159 do CCB anterior, 6º, IV, do CDC, e em dissídio jurisprudencial; c) majoração dos honorários para 20% sobre o valor da condenação; d) incidência de juros e correção monetária a partir do evento danoso, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ (fls.328⁄343).
Contra-razões apresentadas às fls. 378⁄379.
Admitido o recurso às fls. 381⁄383, subiram os autos, vindo-me conclusos.
É o relatório.
RECURSO ESPECIAL Nº 797.836 - MG (2005⁄0190822-4)
VOTO

O Exmo. Sr. Ministro JORGE SCARTEZZINI (Relator): Senhores Ministros, como relatado, insurgem-se os recorrentes contra o decisum colegiado de fls. 292⁄312, alegando em suas razões os seguintes pontos: a) contrariedade aos arts. 4º, I, 6º, VI, e 25, I, do CDC, bem como dissídio jurisprudencial, sustentando a responsabilidade solidária da "Brasil Caribe Tour" no atraso do vôo BH-SP, que acarretou a perda da conexão para o vôo da "Aerocancun" com destino a Havana; b) majoração do valor indenizatório pelos danos morais, restabelecendo-se o montante da sentença (R$24.000,00), com base no disposto nos art. 159 do CCB anterior, 6º, IV, do CDC, e em dissídio jurisprudencial; c) majoração dos honorários para 20% sobre o valor da condenação; d) incidência de juros e correção monetária a partir do evento danoso, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ.
No tocante à pretensão dos recorrentes no sentido de que seja reconhecida a responsabilidade solidária da empresa "Brasil Caribe Tour" no evento danoso - atraso do vôo da VASP, trajeto BH-SP, e perda conseqüente da conexão com a "Aerocancun", trajeto SP-Havana - o recurso não merece prosperar.
De fato, o Tribunal considerou que não foi demonstrado nos autos "prova alguma de qualquer conduta antijurídica " da "Brasil Caribe Tour", como se lê nesses excertos do voto condutor:
"Com efeito, ao que emerge dos autos, a segunda apelante foi apenas prestadora do serviço⁄pacote de viagem, não podendo ser responsabilizada pelo controle operacional das aeronaves da VASP, e, por óbvio, pela parte técnica, ou seja, pelo defeito ou quebra da aeronave que conduziria os apelados para São Paulo, fato que teria motivado o atraso na decolagem".
Não se pode esquecer que a responsabilidade do transportador aéreo é de cunho objetivo. Independentemente de culpa ou dolo, como já enfatizado. Já a responsabilidade da organizadora do pacote de viagem é de cunho subjetivo. Assim, para que responda pelos danos causados, impõe-se que estejam presentes os elementos essenciais à etiologia da responsabilidade civil: culpa, ato lesivo e nexo causal.
In casu, não emergindo dos autos prova alguma de qualquer conduta antijurídica da segunda apelante, Brasil Caribe Tour, não há como sustentar o dever ressarcitório, com fundamento no § 1º, do art. 25 do CDC".
Ressalte-se, ainda, neste ponto, que o alegado dissídio jurisprudencial não restou comprovado, nos termos dos arts. 541, § único, do CPC, e 255, § 2º, do Regimento Interno desta Corte. O aresto apontado como paradigma (REsp. nº 291.384⁄RJ, colacionado às fls. 354⁄371) não guarda a necessária similitude fática com o pleito em questão, impossibilitando, assim, o pretendido cotejo analítico.
No que diz respeito à insurgência quanto ao valor indenizatório dos danos morais, arbitrado pelo Tribunal em R$7.000,00 (sete mil reais) para cada um dos autores, as razões recursais não merecem conhecimento.
De fato, o Tribunal de origem, ao fixar tal valor, considerou as peculiaridades do caso, os gastos despendidos por cada um dos autores, tendo em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade sugeridos pela doutrina e jurisprudência, como se verifica na fundamentação exposta às fls. 309.
Destarte, deve ser mantido o montante reparatório fixado pelo aresto recorrido, eis que fixado em parâmetro razoável, assegurando aos lesados justo ressarcimento, sem incorrer em enriquecimento sem causa.
Quanto a incidência dos juros de mora e da correção monetária, o pleito recursal não merece, igualmente, prosperar. Tratando-se, in casu, de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação, não se aplicando a Súmula 54⁄STJ, conforme precedentes desta Corte (Cfr. Ag.Rg. no Ag.Ins. nº 476.632⁄SP, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJ 31.03.2003; REsp. nº 310.509⁄RJ, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ. de 09.05.2005).
Concernente à correção monetária, esta Corte consolidou o entendimento segundo o qual, "nas indenizações por dano moral, o temo a quo para a incidência da atualização monetária é a data em que foi arbitrado o seu valor, tendo-se em vista que, no momento da fixação do quantum indenizatório, o magistrado leva em consideração a expressão atual do valor da moeda. Assim, inaplicável, nesses casos, o enunciado da Súmula 43⁄STJ" (Cfr. REsp. nº 657.026⁄SE, Rel. Min.TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 11.10.2004; EDcl no REsp. 425.445⁄RJ, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, 03.11.2003).
Finalmente, quanto à pretensão dos recorrentes de majoração da verba honorária, tal pleito não merece conhecimento. De fato, como pacificado nesta Corte, a revisão dos honorários fixados nas instâncias ordinárias, exigiriam, necessariamente, reexame das circunstâncias fáticas trazidas aos autos, o que é vedado pelo enunciado sumular n° 7⁄STJ.
Ante o exposto e por tais fundamentos, não conheço do recurso.
É como voto.

Agências de Viagens e Turismo: parecer do Senador Valadares recompõe os direitos do consumidor segundo o CDC. mantendo a responsabilidade solidária

O parecer do Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE), de 23/10/2007, sobre o Projeto de Lei 22/2003, em trâmite na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, restabelece direitos do consumidor que o texto suprimia quanto à responsabilidade solidária das agências de viagem e turismo.
Coerente com a filosofia do Código do Consumidor – que se aplica para todos os casos de fornecimento de produtos e serviços – o Senador propõe a supressão dos artigos do projeto que eximem as agências da responsabilidade sobre os serviços executados por terceiros, mantendo o assunto sob a aplicação do CDC.
A Associação Férias Vivas, em ofício encaminhado ao Senador, em 05/10/2007 ressaltou: "O Projeto acaba por criar um privilégio ao setor, ao se furtar a dispositivos do CDC, já que para os demais setores, continua valendo a garantia da responsabilidade solidária e objetiva. Acaba por criar uma categoria inferior de consumidores – um consumidor de segunda classe – o turista."
A ONG ainda demonstrou o descompasso do texto, com dispositivos da Constituição Federal:
"Suprimindo direito básico do CDC, o PL contraria a Constituição Federal, em seus artigos 5°, XXXII e 170, V e, portanto, está eivado de inconstitucionalidade:
"Art. 5° (...)
(...)
XXXII – O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;
(...)"
"Art. 170 – (...)
(...)
V – a defesa do consumidor;
(...)"

Uma batalha árdua foi vencida, eis que, até então, o PL prosseguia com algumas alterações em relação ao texto original, mas contendo, ainda, modificações nocivas ao consumidor/turista.
Em sua fundamentação, o Sen. Valadares demonstrou exatamente o sentido das modificações. Reproduzimos abaixo, trecho do parecer:
"É patente a oportunidade e a conveniência do Projeto, haja vista os grandes esforços que o País tem feito para impulsionar sua indústria turística e, dessa forma, gerar riqueza e atrair divisas para a nossa economia. Nosso potencial turístico é evidentemente enorme e conhecidamente subaproveitado, em parte por negligência do Estado, ao falhar na divulgação, interna e internacional, das belezas e da cultura de cada região brasileira e ao não prover adequadamente estímulos ao turismo no Brasil. É nesse contexto que se sobreleva a importância de uma disciplina legal clara das atividades das Agências de Turismo, que constituem o elo final com o consumidor de serviços turísticos e fazem parte da estrutura fundamental do mercado turístico brasileiro.
Entretanto, preocupa-nos a diminuição da proteção dada ao consumidor de serviços turísticos, que se nota no Projeto. Pelo Código de Defesa do Consumidor em vigor, toda a cadeia de fornecimento de produtos ou serviços é igualmente responsável, perante o consumidor, pela reparação de danos decorrentes de vício do produto ou serviço. Assim, causado o dano, o consumidor pode, por exemplo, processar a empresa que lhe vendeu, o distribuidor, o fabricante do produto e até mesmo o fabricante das peças utilizadas na produção. Depois, entre eles, os fornecedores podem se ressarcir em função do grau de culpa de cada um. Esse cuidado do legislador de 1990 está em harmonia com o art. 170, V, da Constituição, que erige a defesa do consumidor a princípio da ordem econômica, pois evita que um fornecedor procure eximir-se do dever de reparar, imputando a responsabilidade a outro na mesma linha de fornecimento, o que prejudicaria a defesa do direito do consumidor lesado.
Como já relatamos, o Projeto divide o gênero Agências de Turismo em duas espécies distintas: Agências de Viagens e Operadoras Turísticas (Agências de Viagens e Turismo). Na redação dada pela Câmara, a responsabilidade objetiva das Agências de Viagens “pelos serviços remunerados de intermediação”, prevista no art. 12, não obstante pareça proteger o consumidor, beneficia somente as Agências e diminui a proteção do consumidor, pois o art. 13 caracteriza as Agências de Viagens como meras intermediárias dos serviços prestados por terceiros, excluindo sua responsabilidade pela prestação e execução. Dessa forma, caso haja algum vício na execução dos serviços contratados, o consumidor somente poderia litigar contra o prestador daquele serviço – hotéis, empresas de transporte, organizadoras de passeios e excursões etc. –, que, na maioria dos casos, têm seus estabelecimentos em outras cidades, estados ou países. Contra a agência de viagens, com a qual o consumidor efetivamente manteve relações negociais, seria inútil qualquer reclamação, uma vez que não haveria o dever de aquela reparar o dano sofrido. Essa situação dificultaria sobremaneira a defesa dos direitos dos consumidores, o que não se coaduna com o sistema em vigor no ordenamento jurídico brasileiro, previsto na Constituição e disciplinado pelo Código de Defesa do Consumidor"
A preservação dos direitos estabelecidos no CDC para os consumidores é postulado que se deve defender intransigentemente, especialmente quando se tenta retirar um setor da incidência de suas responsabilidades, na pretensão de retalhar o código, atacando sua integridade, coerência e justiça. Vamos acompanhar a tramitação desse projeto de lei, em apoio ao posicionamento externado no parecer do Senador Antonio Carlos Valadares.

IDEC MANIFESTA-SE SOBRE O PL DAS AGÊNCIAS DE TURISMO

A ASSOCIAÇÃO FÉRIAS VIVAS, concordando com a manifestação do IDEC sobre o Projeto de Lei das Agências de Viagens, já aprovado pela Câmara dos Deputados e, atualmente, em tramitação no Senado Federal, reproduz o texto abaixo, publicado no site do IDEC, de 25/09/2007:

Agências de turismo tentam fugir do Código de Defesa do Consumidor
PL, já aprovado na Câmara e tramitando no Senado, objetiva tirar toda a responsabilidade das agências de viagem em relação à venda de pacotes turísticos. Projeto contradiz programa do governo que incentiva o turismo no país.Em 27/09, Dia Nacional do Turismo, o consumidor não teve motivos para comemorar. Isso porque tramita no Senado o Projeto de Lei da Câmara dos Deputados(PLC) 22/2003 que pretende afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) das agências de turismo, quando essas atuam como intermediárias. O projeto foi aprovado na Câmara (com o número 5.120/01), já passou pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e agora se encontra na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo.Segundo a proposta, de autoria do Deputado Alex Canziani (PTB/PR), se o consumidor adquirir uma passagem aérea ou um pacote turístico em uma agência de viagens e enfrentar problemas como overbooking, cancelamento/atraso de vôo ou falta de reserva no hotel, não poderá mais reclamar diretamente com esse fornecedor.A aprovação do PLC 22/2003 segue na contra-mão não só da consolidação das leis que regem as relações de consumo, como também pega o sentido contrário das campanhas do Ministério do Turismo que visam o estímulo às viagens no país.Depois dos duros golpes que sofreu em decorrência dos atrasos e cancelamentos de vôos que afligiram o país, o turismo no Brasil precisa ser incentivado e valorizado. "Esse projeto representa uma contradição muito preocupante. Enquanto o Ministério do Turismo lança o programa Viaja Mais Melhor Idade, tramita no Senado uma proposta absurda como essa. Do que adianta os idosos viajarem se não terão seus direitos como consumidores respeitados?", ressalta a coordenadora executiva do Idec, Marilena Lazzarini.O consumidor não aceita a revogação do CDC para determinados fornecedores. O Código é uma conquista da sociedade brasileira, e o parlamentar que aprová-lo estará atuando contra o consumidor. Por esse motivo, o Idec enviou carta (veja íntegra) aos senadores que fazem parte da comissão que analisa o projeto, e divulgará como cada um deles votou.DesrespeitoSe aprovado pelo Senado, o projeto de lei desrespeitará um dos pilares fundamentais do CDC, que atribui aos fornecedores a responsabilidade pela prestação dos serviços, independente da comprovação de culpa - chamada de responsabilidade objetiva.O projeto também pretende afastar a aplicação da responsabilidade solidária, regra jurídica que permite ao consumidor, em situações em que o contrato envolve mais de um fornecedor, escolher qual deles acionará para reparação de danos.Dessa forma, quando um serviço é mal prestado e há diversos fornecedores envolvidos na sua prestação, o consumidor pode escolher qual acionará para ressarcimento dos danos (geralmente aquele que está mais próximo), e não precisará provar a culpa desse fornecedor. Se alguém mora em São Paulo e compra um pacote de viagens para o Nordeste, não faz sentido obrigá-lo a processar o hotel, que fica longe e com o qual não se relacionou diretamente no momento da contratação do serviço.Isso não quer dizer que o fornecedor fica com o prejuízo, mesmo não sendo o causador do problema: as leis hoje vigentes garantem ao fornecedor o direito de cobrar o ressarcimento pelos gastos que teve indenizando o consumidor do terceiro que deu causa ao problema. É o caso da agência de viagem: se ela teve que indenizar o consumidor por erro de um hotel que contratou, pode pedir ressarcimento. Justificando o injustificávelPara justificar a necessidade do PL, Canziani alega que ele "contribuiria para o fortalecimento do segmento das Agências de Viagens e Turismo, com benefícios concretos para os consumidores". Não é verdade. Se aprovado, o PL isentará as agências de viagens e turismo da responsabilidade objetiva e solidária, assegurada pelo Código de Defesa do Consumidor.Com isso, o consumidor será obrigado a comprovar que o problema decorreu de erro da agência. Atualmente, com a responsabilidade objetiva e solidária, todos os envolvidos na prestação dos serviços são responsáveis, indiferente da comprovação de culpa.
Conheça algumas disposições do projeto de lei: Art. 11. As relações contratuais entre as Agências de Turismo e os consumidores obedecem, naquilo que não conflite com esta Lei, ao disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e na legislação civil vigente e serão objeto de contratos escritos, contratos de adesão, de condições gerais ou de condições específicas para determinadas viagens. Comentário Idec: A Lei 8.078 é o Código de Defesa do Consumidor. A ressalva "naquilo que não conflite com esta Lei" significa dizer que o CDC só se aplica quando esta Lei disser a mesma coisa. Exagerando: se esta lei disser que publicidade enganosa não é proibida (o CDC proíbe) há o conflito que impede a aplicação do CDC.
Art. 14. Ressalvados os casos de comprovada força maior, razão técnica ou expressa responsabilidade legal de outras entidades, a Agência de Viagens e Turismo promotora e organizadora de serviços turísticos será a responsável pela prestação efetiva dos mencionados serviços, por sua liquidação junto aos prestadores dos serviços e pelo reembolso devido aos consumidores por serviços não prestados na forma e extensão contratadas, assegurado o correspondente direito de regresso contra seus contratados. Comentário Idec: As três condições colocadas como ressalvas tiram a responsabilidade das agências de viagem, além de serem, muito abrangentes. Exemplos (exagerados em nome da didática):1. força maior = caiu um raio no hotel onde havia feito reserva, ele foi completamente destruído, e a agência não providencia outro, nas mesmas características; 2. razão técnica = o avião não decola por motivos de manutenção e o consumidor perde um dia da viagem pela qual pagou integralmente; 3. responsabilidade de outros = a companhia aérea deixou o consumidor sem lugar no vôo (overbooking). Prevalecendo esta Lei, o consumidor teria de procurar seus direitos, exclusivamente com Deus, no primeiro caso, e com a companhia de aviação, nos outros dois.
Art. 17. Os serviços turísticos para fruição no exterior, salvo quando seu prestador tiver representação no Brasil, serão de responsabilidade das Agências de Turismo que os operem ou vendam.Comentário Idec: o passeio de gôndola em Veneza, que o consumidor contratou no Brasil, não acontece: a agência responde. O carro alugado na agência de turismo, para ser entregue em Roma, não aparece: responde o representante da "rent a car" no Brasil.
Art. 20. A Agência de Turismo é diretamente responsável pelos atos de seus prepostos, inclusive os praticados por terceiros por ela contratados ou autorizados, se ao contrário não dispuser a legislação vigente. Comentário Idec: a legislação vigente hoje (o CDC) diz exatamente isso, que as empresas respondem pelos atos de seus prepostos/representantes. Mantendo essa disposição, qualquer lei revogará o CDC.
Art. 12. As Agências de Viagens respondem objetivamente pelos serviços remunerados de intermediação que executam. Comentário Idec: essa disposição restringe a responsabilidade das agências exclusivamente aos serviços de intermediação que elas executam. Se não for de intermediação e não for executado por elas, exonera-se sua responsabilidade.
Art. 13. A Agência de Viagens que intermediar a contratação de serviços turísticos organizados e prestados por terceiros, inclusive os oferecidos por operadoras turísticas, não responde pela sua prestação ou execução, salvo nos casos de culpa. Parágrafo único. A Agência de Viagens é obrigada a informar ao contratante, no ato da contratação e em qualquer momento em que lhe for solicitado, o nome e o endereço do responsável pela prestação dos serviços contratados, além de outras informações necessárias para a defesa de direitos, sob pena de, não o fazendo ou não estando corretos os dados apresentados, responder solidariamente com o prestador de serviços pelos danos causados. Comentário Idec: nesse ponto caracteriza-se mais uma vez a responsabilidade das agências de turismo apenas nos casos em que prestam o serviço. Se contratam terceiro, informam nome e endereço desse terceiro, e ele não presta o serviço, não se responsabilizam - a não ser se comprovada a culpa da agência pelo consumidor.
Art. 15. As Agências de Viagens e Turismo não respondem diretamente por atos e fatos decorrentes da participação de prestadores de serviços específicos cujas atividades estejam sujeitas à legislação especial ou tratados internacionais de que o Brasil seja signatário, ou dependam de autorização, permissão ou concessão.

Agência de Viagens não paga danos materiais mas é condenada a pagar danos morais.

Conforme post no Lex Turística Nova

280714
Órgão : Segunda Turma Cível; Classe : APC - Apelação Cível
Nº. Processo
2002.01.1.116033-5
Apelante(s):
Operadora e Agência de Viagens CVC Turismo Ltda (1º apelante) e Neurivan Rios da Silva e outros (2º apelante); Apelado(s) Os mesmos; Relator Des. SÉRGIO ROCHA Revisora Desª.
CARMELITA BRASIL

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PACOTE TURÍSTICO – DESCUMPRIMENTO – CONTRATO - AGÊNCIA DE VIAGENS – CARACTERIZAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. O descumprimento por parte da empresa fornecedora de pacotes turísticos em prestar suporte necessário à realização de uma estadia tranqüila ao turista, cumprindo o que fora acordado no contrato, gera o dever de indenização por danos materiais e morais pelos transtornos sofridos.
2. Exclui-se do valor da indenização por danos materiais o montante despendido com as passagens aéreas, tendo em vista sua efetiva utilização.
3. O fato de os consumidores terem como objetivo a permanência ilegal no exterior, e não simplesmente o desfrute do pacote turístico, não descaracteriza o abalo moral sofrido com a má-prestação dos serviços.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo da ré.
5. Deu-se provimento ao apelo dos autores.
ACÓRDÃO
Acordam os Desembargadores da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, SÉRGIO ROCHA - Relator, CARMELITA BRASIL - Revisora, TEÓFILO CAETANO - Vogal, sob a presidência do Desembargador ANGELO PASSARELI, em CONHECER OS RECURSOS. DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA RÉ. UNÂNIME. DAR PROVIMENTO AO APELO DOS AUTORES. MAIORIA, VENCIDO, EM PARTE, O DES. VOGAL, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.
Brasília-DF, 20 de junho de 2007.

Desembargador SÉRGIO ROCHA
Relator
RELATÓRIO
FATO E CAUSA DE PEDIR
NEURIVAN RIOS DA SILVA e VALDOMIR JANUÁRIO MOREIRA adquiriram pacote de viagem junto à empresa CVC Turismo LTDA, representada em Brasília pela empresa Balcão Turismo, incluindo visitação à Paris, Londres e Bruxelas.
Alegam que ao desembarcarem em Paris, no dia 29/11/2002, foram conduzidos pelo motorista da empresa até o hotel. Nele permaneceram aguardando o guia turístico até a manhã do dia seguinte, quando cansados da espera, procuraram a recepção, na qual obtiveram a informação de que o guia já tinha ido embora com os outros turistas.
Os autores, na tentativa de alcançar o grupo, compraram passagens de trem com destino a Londres, contudo, na hora do embarque foram impedidos pela imigração de seguirem viagem. Com isto, os autores viram-se obrigados a pagar despesas excedentes do quarto do hotel que ocupavam em Paris e gastos extras com telefone e alimentação.
Na instrução do processo, os autores revelaram que tinham a intenção de adentrar em território inglês, por meio da excursão contratada, para ali permanecerem, trabalhando ilegalmente.
AÇÃO E PEDIDO
Em razão desses fatos, NEURIVAN RIOS DA SILVA e VALDOMIR JANUÁRIO MOREIRA ajuizaram a presente ação em desfavor da empresa CVC TURISMO LTDA pleiteando o pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 14.514,92, acrescidos de juros legais e correção monetária, e morais no importe de 50 (cinqüenta) salários mínimos.
DECISÃO DA SENTENÇA
A M.M. Juíza de primeiro grau, Dra. Fernanda D’Aquino Mafra Cerqueira, julgou parcialmente procedente o pedido inicial condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 14.514,92 (quatorze mil quinhentos e quatorze reais e noventa e dois centavos) e julgou improcedente o pleito de ressarcimento por danos morais.
APELAÇÃO DA RÉ
A Operadora e Agência de Viagens CVC Turismo LTDA requereu, em suas razões de apelação, a reforma integral da r. sentença, eximindo a empresa de qualquer reembolso de valores pagos ou, subsidiariamente, a revisão do valor da indenização por danos materiais, excetuando-se a parte aérea da viagem.
Alega que: 1) os autores tinham como objetivo adentrar em solo londrino e lá permanecerem ilegalmente para fins profissionais, excluindo, portanto, a boa-fé na contratação dos serviços da ré e caracterizando omissão dolosa, ensejadora da declaração de nulidade do contrato, ressalvando-se os prejuízos da ré; 2) os autores perderam a saída do grupo para Londres por desídia dos mesmos, que não observaram o cartaz afixado no hall do hotel, onde havia informações claras sobre a apresentação para o embarque; 3) não houve interesse dos autores em encontrar com o grupo em Amsterdã e prosseguir na viagem, pois não tinham interesse turístico; 4) os autores usufruíram uma diária em Paris, bem como das passagens aéreas nos trechos Brasília/São Paulo/Paris e Paris/São Paulo/Brasília.
APELAÇÃO DOS AUTORES
Por sua vez, Neurivan Rios da Silva e Valdomir Januário de Moreira pedem que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais. Alegam para tanto que: 1) passaram por situações angustiantes em razão da má-prestação dos serviços da ré; 2) diante da responsabilidade objetiva da ré, não há que se questionar os objetivos dos autores ao visitarem a Europa.
É o relatório.

VOTOS
O Senhor Desembargador SÉRGIO ROCHA - Relator
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos.
DA APELAÇÃO DA CVC TURISMO
DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS
Como bem analisado na r. sentença, restou comprovado nos autos que autores adquiriram pacote turístico da empresa CVC Turismo com destino a Paris, Londres e Bruxelas, e que, por falha na prestação do serviço, já que a empresa tinha obrigação de entrar em contato com os clientes e não o fez, os autores não seguiram com o grupo para Londres, pouco importando os motivos que os levaram a solo estrangeiro.
Em face da má-prestação dos serviços, consistente na ausência de contato do guia turístico, preposto da empresa em Paris, que não possibilitou a realização da viagem nos termos contratados, a ré/apelante deve ser condenada a indenizar os prejuízos sofridos e devidamente caracterizados e comprovados, tendo em vista a existência do nexo de causalidade entre a conduta faltosa da ré e o dano experimentado pelos autores.
Porém, ao apreciar as razões de decidir da douta Juíza, chego à conclusão de que o apelo da empresa ré deve ser parcialmente provido, na parte que toca às despesas referentes às passagens aéreas. Tais despesas foram originariamente previstas no contrato entabulado entre as partes e foram efetivamente utilizadas pelos autores. Conclui-se, desta forma, que tal gasto não se encontra na esfera da imprevisibilidade e extraordinariedade justificadoras de um possível reembolso.
Assim, dou parcial provimento ao apelo da ré, Operadora e Agência de Viagens CVC Turismo LTDA, para excluir da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais os valores referentes às passagens aéreas.
DA APELAÇÃO DOS AUTORES
DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Quanto à indenização pelos danos morais, a MM. Juíza a quo a julgou indevida, levando em consideração que os autores não estavam na expectativa de realizar um simples passeio, mas pretendiam, na verdade, ingressar e permanecer no território Londrino como trabalhadores clandestinos.
Estas informações, de fato, foram trazidas a lume pelos memoriais apresentados pela empresa ré e foram confirmadas em depoimentos prestados pelos autores.
Com a máxima vênia, não vislumbro a possibilidade de tal elemento informativo acarretar o afastamento da responsabilidade da empresa pelos transtornos sofridos pelos autores.
O comportamento negligente e desidioso da ré foi o elemento propulsor de todos os acontecimentos constrangedores vivenciados pelos autores. O descaso com que os autores foram tratados em situação de necessidade e desespero restou nítido e, com certeza, se de outra maneira tivesse se comportado a agência de turismo diante de tal situação, o desenrolar dos fatos não teria sido tão desastroso.
Não interessa à agência de turismo saber o objetivo final dos autores em realizar viagem ao exterior, cabia a ela tão-somente prestar o suporte necessário à realização de uma estadia tranqüila e satisfatória, cumprindo o que fora acordado no contrato. O objetivo intimamente perquirido pelos autores não tem o condão de romper o nexo causal entre a conduta da ré e os danos sofridos por estes.
A relação jurídica estabelecida entre agência de turismo e os autores é uma relação de consumo. Por isso, a empresa, como fornecedora, deve atentar para o dever de segurança e satisfação do consumidor na prestação de seus serviços.
Quanto à responsabilidade de empresa de turismo por danos sofridos por clientes, a jurisprudência deste E. Tribunal posiciona-se da seguinte maneira:
“(...) 01. O dano moral existiu em face dos constrangimentos, angústias e dissabores provocados pela má prestação do serviço. Veja-se que a recorrente não fora informada prévia e adequadamente acerca da mudança do ponto de encontro, resultando-lhe em desconforto e na perda de um dia de passeio. [1]
Assim, dou provimento ao apelo para reconhecer a existência de dano moral.
DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Quanto ao valor da indenização por danos morais, entendo razoável e proporcional sua fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, levando em consideração as condições financeiras da ré, o grau de culpa da empresa e a gravidade da ofensa.
Assim, dou provimento ao apelo dos autores, para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a ré, Operadora e Agência de Viagens CVC Turismo LTDA, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, acrescidos de correção monetária a partir da data de julgamento deste apelo e juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da data do evento danoso (29/11/2002) até a entrada em vigor do novo Código Civil (11/01/2003) e 1% ao mês a partir de então.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo da ré, Operadora e Agência de Viagens CVC Turismo LTDA, para excluir da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais os valores referentes às passagens aéreas. Dou provimento ao apelo dos autores, para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, acrescidos de correção monetária a partir da data de julgamento deste apelo e juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da data do evento danoso (29/11/2002) até a entrada em vigor do novo Código Civil (11/01/2003) e 1% ao mês a partir de então.
Diante da sucumbência recíproca, arcarão as partes com o pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 75% a serem pagos pela ré e 25% pagos pelos autores. Fica suspensa a exigibilidade da dívida em relação aos autores, pois estão sob o pálio da justiça gratuita.
É como voto.

A Senhora Desembargadora CARMELITA BRASIL - Revisora
Acompanho o eminente relator.


O Senhor Desembargador TEÓFILO CAETANO - Vogal
Com a devida vênia da egrégia Turma, divirjo parcialmente para, não obstante reconhecendo a existência de danos morais, mensurar a compensação devida aos autores de forma mais temperada.
Com efeito, apesar de os autores terem experimentado conseqüências que efetivamente refletiram nos seus estados de ânimo, maculando-os, ensejando, então, a caracterização do dano moral, parece-me que os contratempos que advieram do atraso debitado à falha havida aos serviços fornecidos pela ré não lhes ensejaram conseqüências passíveis de legitimar sua contemplação com a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Afigura-se-me mais condizente com as conseqüências por eles experimentadas a mensuração da compensação que lhes é devida em decorrência dos danos sofridos no equivalente a R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um deles.
Em sendo assim, acompanho a egrégia Turma, quanto ao recurso interposto pela ré, e quanto ao apelo dos autores, divirjo tão-somente no atinente à compensação que lhes é devida, fixando-a na importância apontada.

DECISÃO
Recursos conhecidos. Deu-se parcial provimento ao apelo da ré. Unânime. Deu-se provimento ao apelo dos autores. Maioria, vencido, em parte, o Des. Vogal.
[1] TJDFT, 20050110424337APC, Relator ROMEU GONZAGA NEIVA, 5ª Turma Cível, julgado em 03/05/2006, DJ 12/06/2006 p. 240.

Fonte: Tribunal de Justiça do Distrito Federal

Tributação brasileira - Lei Complementar 123/2006 - Super Simples

Segue a íntegra da Lei complementar 123/2006 que criou o regime simplificado de tributação para microempreasas e empresas de pequeno porte, incluindo portanto as agências de viagens.
Vínculo com o Blog Lex Turistica Nova.
Fonte: Senado Federal.


LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, da Lei no 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar no 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis nos 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, especialmente no que se refere:
I - à apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação, inclusive obrigações acessórias;
II - ao cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, inclusive obrigações acessórias;
III - ao acesso a crédito e ao mercado, inclusive quanto à preferência nas aquisições de bens e serviços pelos Poderes Públicos, à tecnologia, ao associativismo e às regras de inclusão.
§ 1o Cabe ao Comitê Gestor de que trata o inciso I do caput do art. 2o desta Lei Complementar apreciar a necessidade de revisão dos valores expressos em moeda nesta Lei Complementar.
§ 2o (VETADO).
Art. 2o O tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte de que trata o art. 1o desta Lei Complementar será gerido pelas instâncias a seguir especificadas:
I - Comitê Gestor de Tributação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, vinculado ao Ministério da Fazenda, composto por 2 (dois) representantes da Secretaria da Receita Federal e 2 (dois) representantes da Secretaria da Receita Previdenciária, como representantes da União, 2 (dois) dos Estados e do Distrito Federal e 2 (dois) dos Municípios, para tratar dos aspectos tributários; e
II - Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com a participação dos órgãos federais competentes e das entidades vinculadas ao setor, para tratar dos demais aspectos.
§ 1o O Comitê de que trata o inciso I do caput deste artigo será presidido e coordenado por um dos representantes da União.
§ 2o Os representantes dos Estados e do Distrito Federal no Comitê referido no inciso I do caput deste artigo serão indicados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz e os dos Municípios serão indicados, um pela entidade representativa das Secretarias de Finanças das Capitais e outro pelas entidades de representação nacional dos Municípios brasileiros.
§ 3o As entidades de representação referidas no § 2o deste artigo serão aquelas regularmente constituídas há pelo menos 1 (um) ano antes da publicação desta Lei Complementar.
§ 4o O Comitê Gestor elaborará seu regimento interno mediante resolução.
§ 5o O Fórum referido no inciso II do caput deste artigo, que tem por finalidade orientar e assessorar a formulação e coordenação da política nacional de desenvolvimento das microempresas e empresas de pequeno porte, bem como acompanhar e avaliar a sua implantação, será presidido e coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
CAPÍTULO II
Da Definição de Microempresa e de Empresa de Pequeno Porte
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
I - no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais);
II - no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais).
§ 1o Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.
§ 2o No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o limite a que se refere o caput deste artigo será proporcional ao número de meses em que a microempresa ou a empresa de pequeno porte houver exercido atividade, inclusive as frações de meses.
§ 3o O enquadramento do empresário ou da sociedade simples ou empresária como microempresa ou empresa de pequeno porte bem como o seu desenquadramento não implicarão alteração, denúncia ou qualquer restrição em relação a contratos por elas anteriormente firmados.
§ 4o Não se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto nesta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
I - de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
II - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
VI - constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica;
VIII - que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;
IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;
X - constituída sob a forma de sociedade por ações.
§ 5o O disposto nos incisos IV e VII do § 4o deste artigo não se aplica à participação no capital de cooperativas de crédito, bem como em centrais de compras, bolsas de subcontratação, no consórcio previsto nesta Lei Complementar, e associações assemelhadas, sociedades de interesse econômico, sociedades de garantia solidária e outros tipos de sociedade, que tenham como objetivo social a defesa exclusiva dos interesses econômicos das microempresas e empresas de pequeno porte.
§ 6o Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer em alguma das situações previstas nos incisos do § 4o deste artigo, será excluída do regime de que trata esta Lei Complementar, com efeitos a partir do mês seguinte ao que incorrida a situação impeditiva.
§ 7o Observado o disposto no § 2o deste artigo, no caso de início de atividades, a microempresa que, no ano-calendário, exceder o limite de receita bruta anual previsto no inciso I do caput deste artigo passa, no ano-calendário seguinte, à condição de empresa de pequeno porte.
§ 8o Observado o disposto no § 2o deste artigo, no caso de início de atividades, a empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, não ultrapassar o limite de receita bruta anual previsto no inciso I do caput deste artigo passa, no ano-calendário seguinte, à condição de microempresa.
§ 9o A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de receita bruta anual previsto no inciso II do caput deste artigo fica excluída, no ano-calendário seguinte, do regime diferenciado e favorecido previsto por esta Lei Complementar para todos os efeitos legais.
§ 10. A microempresa e a empresa de pequeno porte que no decurso do ano-calendário de início de atividade ultrapassarem o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) multiplicados pelo número de meses de funcionamento nesse período estarão excluídas do regime desta Lei Complementar, com efeitos retroativos ao início de suas atividades.
§ 11. Na hipótese de o Distrito Federal, os Estados e seus respectivos Municípios adotarem o disposto nos incisos I e II do caput do art. 19 e no art. 20 desta Lei Complementar, caso a receita bruta auferida durante o ano-calendário de início de atividade ultrapasse o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais), respectivamente, multiplicados pelo número de meses de funcionamento nesse período, estará excluída do regime tributário previsto nesta Lei Complementar em relação ao pagamento dos tributos estaduais e municipais, com efeitos retroativos ao início de suas atividades.
§ 12. A exclusão do regime desta Lei Complementar de que tratam os §§ 10 e 11 deste artigo não retroagirá ao início das atividades se o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 20% (vinte por cento) dos respectivos limites referidos naqueles parágrafos, hipóteses em que os efeitos da exclusão dar-se-ão no ano-calendário subseqüente.
CAPÍTULO III
Da Inscrição e Da Baixa
Art. 4o Na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, deverão considerar a unicidade do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas, para tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais membros, e buscar, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo, da perspectiva do usuário.
Art. 5o Os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, no âmbito de suas atribuições, deverão manter à disposição dos usuários, de forma presencial e pela rede mundial de computadores, informações, orientações e instrumentos, de forma integrada e consolidada, que permitam pesquisas prévias às etapas de registro ou inscrição, alteração e baixa de empresários e pessoas jurídicas, de modo a prover ao usuário certeza quanto à documentação exigível e quanto à viabilidade do registro ou inscrição.
Parágrafo único. As pesquisas prévias à elaboração de ato constitutivo ou de sua alteração deverão bastar a que o usuário seja informado pelos órgãos e entidades competentes:
I - da descrição oficial do endereço de seu interesse e da possibilidade de exercício da atividade desejada no local escolhido;
II - de todos os requisitos a serem cumpridos para obtenção de licenças de autorização de funcionamento, segundo a atividade pretendida, o porte, o grau de risco e a localização; e
III - da possibilidade de uso do nome empresarial de seu interesse.
Art. 6o Os requisitos de segurança sanitária, metrologia, controle ambiental e prevenção contra incêndios, para os fins de registro e legalização de empresários e pessoas jurídicas, deverão ser simplificados, racionalizados e uniformizados pelos órgãos envolvidos na abertura e fechamento de empresas, no âmbito de suas competências.
§ 1o Os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas que sejam responsáveis pela emissão de licenças e autorizações de funcionamento somente realizarão vistorias após o início de operação do estabelecimento, quando a atividade, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse procedimento.
§ 2o Os órgãos e entidades competentes definirão, em 6 (seis) meses, contados da publicação desta Lei Complementar, as atividades cujo grau de risco seja considerado alto e que exigirão vistoria prévia.
Art. 7o Exceto nos casos em que o grau de risco da atividade seja considerado alto, os Municípios emitirão Alvará de Funcionamento Provisório, que permitirá o início de operação do estabelecimento imediatamente após o ato de registro.
Art. 8o Será assegurado aos empresários entrada única de dados cadastrais e de documentos, resguardada a independência das bases de dados e observada a necessidade de informações por parte dos órgãos e entidades que as integrem.
Art. 9o O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão envolvido no registro empresarial e na abertura da empresa, dos 3 (três) âmbitos de governo, ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção.
§ 1o O arquivamento, nos órgãos de registro, dos atos constitutivos de empresários, de sociedades empresárias e de demais equiparados que se enquadrarem como microempresa ou empresa de pequeno porte bem como o arquivamento de suas alterações são dispensados das seguintes exigências:
I - certidão de inexistência de condenação criminal, que será substituída por declaração do titular ou administrador, firmada sob as penas da lei, de não estar impedido de exercer atividade mercantil ou a administração de sociedade, em virtude de condenação criminal;
II - prova de quitação, regularidade ou inexistência de débito referente a tributo ou contribuição de qualquer natureza.
§ 2o Não se aplica às microempresas e às empresas de pequeno porte o disposto no § 2º do art. 1º da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994.
Art. 10. Não poderão ser exigidos pelos órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo:
I - excetuados os casos de autorização prévia, quaisquer documentos adicionais aos requeridos pelos órgãos executores do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e do Registro Civil de Pessoas Jurídicas;
II - documento de propriedade ou contrato de locação do imóvel onde será instalada a sede, filial ou outro estabelecimento, salvo para comprovação do endereço indicado;
III - comprovação de regularidade de prepostos dos empresários ou pessoas jurídicas com seus órgãos de classe, sob qualquer forma, como requisito para deferimento de ato de inscrição, alteração ou baixa de empresa, bem como para autenticação de instrumento de escrituração.
Art. 11. Fica vedada a instituição de qualquer tipo de exigência de natureza documental ou formal, restritiva ou condicionante, pelos órgãos envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, que exceda o estrito limite dos requisitos pertinentes à essência do ato de registro, alteração ou baixa da empresa.
CAPÍTULO IV
DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
Seção I
Da Instituição e Abrangência
Art. 12. Fica instituído o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.
Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ;
II - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo;
III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;
IV - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo;
V - Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo;
VI - Contribuição para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, exceto no caso das pessoas jurídicas que se dediquem às atividades de prestação de serviços previstas nos incisos XIII a XXVIII do § 1o e no § 2o do art. 17 desta Lei Complementar;
VII - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS;
VIII - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS.
§ 1o O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos seguintes impostos ou contribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas:
I - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF;
II - Imposto sobre a Importação de Produtos Estrangeiros - II;
III - Imposto sobre a Exportação, para o Exterior, de Produtos Nacionais ou Nacionalizados - IE;
IV - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - IPTR;
V - Imposto de Renda, relativo aos rendimentos ou ganhos líquidos auferidos em aplicações de renda fixa ou variável;
VI - Imposto de Renda relativo aos ganhos de capital auferidos na alienação de bens do ativo permanente;
VII - Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF;
VIII - Contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
IX - Contribuição para manutenção da Seguridade Social, relativa ao trabalhador;
X - Contribuição para a Seguridade Social, relativa à pessoa do empresário, na qualidade de contribuinte individual;
XI - Imposto de Renda relativo aos pagamentos ou créditos efetuados pela pessoa jurídica a pessoas físicas;
XII - Contribuição para o PIS/Pasep, Cofins e IPI incidentes na importação de bens e serviços;
XIII - ICMS devido:
a) nas operações ou prestações sujeitas ao regime de substituição tributária;
b) por terceiro, a que o contribuinte se ache obrigado, por força da legislação estadual ou distrital vigente;
c) na entrada, no território do Estado ou do Distrito Federal, de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, bem como energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou industrialização;
d) por ocasião do desembaraço aduaneiro;
e) na aquisição ou manutenção em estoque de mercadoria desacobertada de documento fiscal;
f) na operação ou prestação desacobertada de documento fiscal;
g) nas operações com mercadorias sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto, bem como do valor relativo à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, nas aquisições em outros Estados e Distrito Federal, nos termos da legislação estadual ou distrital;
XIV - ISS devido:
a) em relação aos serviços sujeitos à substituição tributária ou retenção na fonte;
b) na importação de serviços;
XV - demais tributos de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, não relacionados nos incisos anteriores.
§ 2o Observada a legislação aplicável, a incidência do imposto de renda na fonte, na hipótese do inciso V do § 1o deste artigo, será definitiva.
§ 3o As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam dispensadas do pagamento das demais contribuições instituídas pela União, inclusive as contribuições para as entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical, de que trata o art. 240 da Constituição Federal, e demais entidades de serviço social autônomo.
§ 4o (VETADO).
Art. 14. Consideram-se isentos do imposto de renda, na fonte e na declaração de ajuste do beneficiário, os valores efetivamente pagos ou distribuídos ao titular ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, salvo os que corresponderem a pró-labore, aluguéis ou serviços prestados.
§ 1o A isenção de que trata o caput deste artigo fica limitada ao valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta mensal, no caso de antecipação de fonte, ou da receita bruta total anual, tratando-se de declaração de ajuste, subtraído do valor devido na forma do Simples Nacional no período.
§ 2o O disposto no § 1o deste artigo não se aplica na hipótese de a pessoa jurídica manter escrituração contábil e evidenciar lucro superior àquele limite.
Art. 15. (VETADO).
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1o Para efeito de enquadramento no Simples Nacional, considerar-se-á microempresa ou empresa de pequeno porte aquela cuja receita bruta no ano-calendário anterior ao da opção esteja compreendida dentro dos limites previstos no art. 3o desta Lei Complementar.
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 3o A opção produzirá efeitos a partir da data do início de atividade, desde que exercida nos termos, prazo e condições a serem estabelecidos no ato do Comitê Gestor a que se refere o caput deste artigo.
§ 4o Serão consideradas inscritas no Simples Nacional as microempresas e empresas de pequeno porte regularmente optantes pelo regime tributário de que trata a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, salvo as que estiverem impedidas de optar por alguma vedação imposta por esta Lei Complementar.
§ 5o O Comitê Gestor regulamentará a opção automática prevista no § 4o deste artigo.
§ 6o O indeferimento da opção pelo Simples Nacional será formalizado mediante ato da Administração Tributária segundo regulamentação do Comitê Gestor.
Seção II
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
I - que explore atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, gerenciamento de ativos (asset management), compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring);
II - que tenha sócio domiciliado no exterior;
III - de cujo capital participe entidade da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal;
IV - que preste serviço de comunicação;
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
VI - que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros;
VII - que seja geradora, transmissora, distribuidora ou comercializadora de energia elétrica;
VIII - que exerça atividade de importação ou fabricação de automóveis e motocicletas;
IX - que exerça atividade de importação de combustíveis;
X - que exerça atividade de produção ou venda no atacado de bebidas alcoólicas, cigarros, armas, bem como de outros produtos tributados pelo IPI com alíquota ad valorem superior a 20% (vinte por cento) ou com alíquota específica;
XI - que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de instrutor, de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de negócios;
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;
XIII - que realize atividade de consultoria;
XIV - que se dedique ao loteamento e à incorporação de imóveis.
§ 1o As vedações relativas a exercício de atividades previstas no caput deste artigo não se aplicam às pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente às atividades seguintes ou as exerçam em conjunto com outras atividades que não tenham sido objeto de vedação no caput deste artigo:
I - creche, pré-escola e estabelecimento de ensino fundamental;
II - agência terceirizada de correios;
III - agência de viagem e turismo;
IV - centro de formação de condutores de veículos automotores de transporte terrestre de passageiros e de carga;
V - agência lotérica;
VI - serviços de manutenção e reparação de automóveis, caminhões, ônibus, outros veículos pesados, tratores, máquinas e equipamentos agrícolas;
VII - serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores;
VIII - serviços de manutenção e reparação de motocicletas, motonetas e bicicletas;
IX - serviços de instalação, manutenção e reparação de máquinas de escritório e de informática;
X - serviços de reparos hidráulicos, elétricos, pintura e carpintaria em residências ou estabelecimentos civis ou empresariais, bem como manutenção e reparação de aparelhos eletrodomésticos;
XI - serviços de instalação e manutenção de aparelhos e sistemas de ar condicionado, refrigeração, ventilação, aquecimento e tratamento de ar em ambientes controlados;
XII - veículos de comunicação, de radiodifusão sonora e de sons e imagens, e mídia externa;
XIII - construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de subempreitada;
XIV - transporte municipal de passageiros;
XV - empresas montadoras de estandes para feiras;
XVI - escolas livres, de línguas estrangeiras, artes, cursos técnicos e gerenciais;
XVII - produção cultural e artística;
XVIII - produção cinematográfica e de artes cênicas;
XIX - cumulativamente administração e locação de imóveis de terceiros;
XX - academias de dança, de capoeira, de ioga e de artes marciais;
XXI - academias de atividades físicas, desportivas, de natação e escolas de esportes;
XXII - (VETADO);
XXIII - elaboração de programas de computadores, inclusive jogos eletrônicos, desde que desenvolvidos em estabelecimento do optante;
XXIV - licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação;
XXV - planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas, desde que realizados em estabelecimento do optante;
XXVI - escritórios de serviços contábeis;
XXVII - serviço de vigilância, limpeza ou conservação;
XXVIII - (VETADO).
§ 2o Poderão optar pelo Simples Nacional sociedades que se dediquem exclusivamente à prestação de outros serviços que não tenham sido objeto de vedação expressa no caput deste artigo.
§ 3o (VETADO).
Seção III
Das Alíquotas e Base de Cálculo
Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte, optante do Simples Nacional, será determinado mediante aplicação da tabela do Anexo I desta Lei Complementar.
§ 1o Para efeito de determinação da alíquota, o sujeito passivo utilizará a receita bruta acumulada nos 12 (doze) meses anteriores ao do período de apuração.
§ 2o Em caso de início de atividade, os valores de receita bruta acumulada constantes das tabelas dos Anexos I a V desta Lei Complementar devem ser proporcionalizados ao número de meses de atividade no período.
§ 3o Sobre a receita bruta auferida no mês incidirá a alíquota determinada na forma do caput e dos §§ 1o e 2o deste artigo, podendo tal incidência se dar, à opção do contribuinte, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor, sobre a receita recebida no mês, sendo essa opção irretratável para todo o ano-calendário.
§ 4o O contribuinte deverá considerar, destacadamente, para fim de pagamento:
I - as receitas decorrentes da revenda de mercadorias;
II - as receitas decorrentes da venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte;
III - as receitas decorrentes da prestação de serviços, bem como a de locação de bens móveis;
IV - as receitas decorrentes da venda de mercadorias sujeitas a substituição tributária; e
V - as receitas decorrentes da exportação de mercadorias para o exterior, inclusive as vendas realizadas por meio de comercial exportadora ou do consórcio previsto nesta Lei Complementar.
§ 5o Nos casos de atividades industriais, de locação de bens móveis e de prestação de serviços, serão observadas as seguintes regras:
I - as atividades industriais serão tributadas na forma do Anexo II desta Lei Complementar;
II - as atividades de prestação de serviços previstas nos incisos I a XII do § 1o do art. 17 desta Lei Complementar serão tributadas na forma do Anexo III desta Lei Complementar;
III - atividades de locação de bens móveis serão tributadas na forma do Anexo III desta Lei Complementar, deduzindo-se da alíquota o percentual correspondente ao ISS previsto nesse Anexo;
IV - as atividades de prestação de serviços previstas nos incisos XIII a XVIII do § 1o do art. 17 desta Lei Complementar serão tributadas na forma do Anexo IV desta Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída no Simples Nacional a contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta Lei Complementar, devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista para os demais contribuintes ou responsáveis;
V - as atividades de prestação de serviços previstas nos incisos XIX a XXVIII do § 1o e no § 2o do art. 17 desta Lei Complementar serão tributadas na forma do Anexo V desta Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída no Simples Nacional a contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta Lei Complementar, devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista para os demais contribuintes ou responsáveis;
VI - as atividades de prestação de serviços de transportes intermunicipais e interestaduais serão tributadas na forma do Anexo V desta Lei Complementar, acrescido das alíquotas correspondentes ao ICMS previstas no Anexo I desta Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída no Simples Nacional a contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta Lei Complementar, devendo esta ser recolhida segundo a legislação prevista para os demais contribuintes ou responsáveis.
§ 6o No caso dos serviços previstos no § 2o do art. 6o da Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003, prestados pelas microempresas e pelas empresas de pequeno porte, o tomador do serviço deverá reter o montante correspondente na forma da legislação do município onde estiver localizado, que será abatido do valor a ser recolhido na forma do § 3o do art. 21 desta Lei Complementar.
§ 7o A empresa comercial exportadora que houver adquirido mercadorias de pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, com o fim específico de exportação para o exterior, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da emissão da nota fiscal pela vendedora, não comprovar o seu embarque para o exterior ficará sujeita ao pagamento de todos os impostos e contribuições que deixaram de ser pagos pela empresa vendedora, acrescidos de juros de mora e multa, de mora ou de ofício, calculados na forma da legislação que rege a cobrança do tributo não pago, aplicável à própria comercial exportadora.
§ 8o Para efeito do disposto no § 7o deste artigo, considera-se vencido o prazo para o pagamento na data em que a empresa vendedora deveria fazê-lo, caso a venda houvesse sido efetuada para o mercado interno.
§ 9o Relativamente à contribuição patronal, devida pela vendedora, a comercial exportadora deverá recolher, no prazo previsto no § 8o deste artigo, o valor correspondente a 11% (onze por cento) do valor das mercadorias não exportadas nos termos do § 7o deste artigo.
§ 10. Na hipótese do § 7o deste artigo, a empresa comercial exportadora não poderá deduzir do montante devido qualquer valor a título de crédito de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI da Contribuição para o PIS/Pasep ou da Cofins, decorrente da aquisição das mercadorias e serviços objeto da incidência.
§ 11. Na hipótese do § 7o deste artigo, a empresa comercial exportadora deverá pagar, também, os impostos e contribuições devidos nas vendas para o mercado interno, caso, por qualquer forma, tenha alienado ou utilizado as mercadorias.
§ 12. Na apuração do montante devido no mês relativo a cada tributo, o contribuinte que apure receitas mencionadas nos incisos IV e V do § 4o deste artigo terá direito a redução do valor a ser recolhido na forma do Simples Nacional calculada nos termos dos §§ 13 e 14 deste artigo.
§ 13. Para efeito de determinação da redução de que trata o § 12 deste artigo, as receitas serão discriminadas em comerciais, industriais ou de prestação de serviços na forma dos Anexos I, II, III, IV e V desta Lei Complementar.
§ 14. A redução no montante a ser recolhido do Simples Nacional no mês relativo aos valores das receitas de que tratam os incisos IV e V do § 4o deste artigo corresponderá:
I - no caso de revenda de mercadorias:
a) ao percentual que incidiria sobre o montante total de receita, caso não houvesse nenhuma redução, previsto no Anexo I desta Lei Complementar, relativo à Cofins, aplicado sobre a respectiva parcela de receita referida nos incisos IV ou V do § 4o deste artigo, conforme o caso;
b) ao percentual que incidiria sobre o montante total de receita, caso não houvesse nenhuma redução, previsto no Anexo I desta Lei Complementar, relativo à Contribuição para o PIS/Pasep, aplicado sobre a respectiva parcela de receita referida nos incisos IV ou V do § 4o deste artigo, conforme o caso;
c) ao percentual que incidiria sobre o montante total de receita, caso não houvesse nenhuma redução, previsto no Anexo I desta Lei Complementar, relativo ao ICMS, aplicado sobre a respectiva parcela de receita referida nos incisos IV ou V do § 4o deste artigo, conforme o caso;
II - no caso de venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte:
a) ao percentual que incidiria sobre o montante total de receita, caso não houvesse nenhuma redução, previsto no Anexo II desta Lei Complementar, relativo à Cofins, aplicado sobre a respectiva parcela de receita referida nos incisos IV ou V do § 4o deste artigo, conforme o caso;
b) ao percentual que incidiria sobre o montante total de receita, caso não houvesse nenhuma redução, previsto no Anexo II desta Lei Complementar, relativo à Contribuição para o PIS/Pasep, aplicado sobre a respectiva parcela de receita referida nos incisos IV ou V do § 4o deste artigo, conforme o caso;
c) ao percentual que incidiria sobre o montante total de receita, caso não houvesse nenhuma redução, previsto no Anexo II desta Lei Complementar, relativo ao ICMS, aplicado sobre a respectiva parcela de receita referida nos incisos IV ou V do § 4o deste artigo, conforme o caso;
d) ao percentual que incidiria sobre o montante total de receita, caso não houvesse nenhuma redução, previsto no Anexo II desta Lei Complementar, relativo ao IPI, aplicado sobre a respectiva parcela de receita referida nos incisos IV ou V do § 4o deste artigo, conforme o caso.
§ 15. Será disponibilizado sistema eletrônico para realização do cálculo simplificado do valor mensal devido referente ao Simples Nacional.
§ 16. Se o valor da receita bruta auferida durante o ano-calendário ultrapassar o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) multiplicados pelo número de meses do período de atividade, a parcela de receita que exceder o montante assim determinado estará sujeita às alíquotas máximas previstas nos Anexos I a V desta Lei Complementar, proporcionalmente conforme o caso, acrescidas de 20% (vinte por cento).
§ 17. Na hipótese de o Distrito Federal ou o Estado e os Municípios nele localizados adotarem o disposto nos incisos I e II do caput do art. 19 e no art. 20, ambos desta Lei Complementar, a parcela da receita bruta auferida durante o ano-calendário que ultrapassar o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais), respectivamente, multiplicados pelo número de meses do período de atividade, estará sujeita, em relação aos percentuais aplicáveis ao ICMS e ao ISS, às alíquotas máximas correspondentes a essas faixas previstas nos Anexos I a V desta Lei Complementar, proporcionalmente conforme o caso, acrescidas de 20% (vinte por cento).
§ 18. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no âmbito de suas respectivas competências, poderão estabelecer, na forma definida pelo Comitê Gestor, independentemente da receita bruta recebida no mês pelo contribuinte, valores fixos mensais para o recolhimento do ICMS e do ISS devido por microempresa que aufira receita bruta, no ano-calendário anterior, de até R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), ficando a microempresa sujeita a esses valores durante todo o ano-calendário.
§ 19. Os valores estabelecidos no § 18 deste artigo não poderão exceder a 50% (cinqüenta por cento) do maior recolhimento possível do tributo para a faixa de enquadramento prevista na tabela do caput deste artigo, respeitados os acréscimos decorrentes do tipo de atividade da empresa estabelecidos no § 5o deste artigo.
§ 20. Na hipótese em que o Estado, o Município ou o Distrito Federal concedam isenção ou redução do ICMS ou do ISS devido por microempresa ou empresa de pequeno porte, ou ainda determine recolhimento de valor fixo para esses tributos, na forma do § 18 deste artigo, será realizada redução proporcional ou ajuste do valor a ser recolhido, na forma definida em resolução do Comitê Gestor.
§ 21. O valor a ser recolhido na forma do disposto no § 20 deste artigo, exclusivamente na hipótese de isenção, não integrará o montante a ser partilhado com o respectivo Município, Estado ou Distrito Federal.
§ 22. A atividade constante do inciso XXVI do § 1o do art. 17 desta Lei Complementar recolherá o ISS em valor fixo, na forma da legislação municipal.
§ 23. Da base de cálculo do ISS será abatido o material fornecido pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa à Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003.
§ 24. Para efeito de aplicação do Anexo V desta Lei Complementar, considera-se folha de salários incluídos encargos o montante pago, nos 12 (doze) meses anteriores ao do período de apuração, a título de salários, retiradas de pró-labore, acrescidos do montante efetivamente recolhido a título de contribuição para a Seguridade Social e para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Art. 19. Sem prejuízo da possibilidade de adoção de todas as faixas de receita previstas no art. 18 desta Lei Complementar, os Estados poderão optar pela aplicação, para efeito de recolhimento do ICMS na forma do Simples Nacional em seus respectivos territórios, da seguinte forma:
I - os Estados cuja participação no Produto Interno Bruto brasileiro seja de até 1% (um por cento) poderão optar pela aplicação, em seus respectivos territórios, das faixas de receita bruta anual até R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais);
II - os Estados cuja participação no Produto Interno Bruto brasileiro seja de mais de 1% (um por cento) e de menos de 5% (cinco por cento) poderão optar pela aplicação, em seus respectivos territórios, das faixas de receita bruta anual até R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais); e
III - os Estados cuja participação no Produto Interno Bruto brasileiro seja igual ou superior a 5% (cinco por cento) ficam obrigados a adotar todas as faixas de receita bruta anual.
§ 1o A participação no Produto Interno Bruto brasileiro será apurada levando em conta o último resultado divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou outro órgão que o substitua.
§ 2o A opção prevista nos incisos I e II do caput deste artigo, bem como a obrigatoriedade de adotar o percentual previsto no inciso III do caput deste artigo, surtirá efeitos somente para o ano-calendário subseqüente.
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se ao Distrito Federal.
Art. 20. A opção feita na forma do art. 19 desta Lei Complementar pelos Estados importará adoção do mesmo limite de receita bruta anual para efeito de recolhimento na forma do ISS dos Municípios nele localizados, bem como para o do ISS devido no Distrito Federal.
§ 1o As microempresas e empresas de pequeno porte que ultrapassarem os limites a que se referem os incisos I e II do caput do art. 19 desta Lei Complementar estarão automaticamente impedidas de recolher o ICMS e o ISS na forma do Simples Nacional no ano-calendário subseqüente ao que tiver ocorrido o excesso.
§ 2o O disposto no § 1o deste artigo não se aplica na hipótese de o Estado ou de o Distrito Federal adotarem, compulsoriamente ou por opção, a aplicação de faixa de receita bruta superior à que vinha sendo utilizada no ano-calendário em que ocorreu o excesso da receita bruta.
§ 3o Na hipótese em que o recolhimento do ICMS ou do ISS não esteja sendo efetuado por meio do Simples Nacional por força do disposto neste artigo e no art. 19 desta Lei Complementar, as faixas de receita do Simples Nacional superiores àquela que tenha sido objeto de opção pelos Estados ou pelo Distrito Federal sofrerão, para efeito de recolhimento do Simples Nacional, redução na alíquota equivalente aos percentuais relativos a esses impostos constantes dos Anexos I a V desta Lei Complementar, conforme o caso.
§ 4o O Comitê Gestor regulamentará o disposto neste artigo e no art. 19 desta Lei Complementar.
Seção IV
Do Recolhimento dos Tributos Devidos
Art. 21. Os tributos devidos, apurados na forma dos arts. 18 a 20 desta Lei Complementar, deverão ser pagos:
I - por meio de documento único de arrecadação, instituído pelo Comitê Gestor;
II - segundo códigos específicos, para cada espécie de receita discriminada no § 4o do art. 18 desta Lei Complementar;
III - enquanto não regulamentado pelo Comitê Gestor, até o último dia útil da primeira quinzena do mês subseqüente àquele a que se referir;
IV - em banco integrante da rede arrecadadora credenciada pelo Comitê Gestor.
§ 1o Na hipótese de a microempresa ou a empresa de pequeno porte possuir filiais, o recolhimento dos tributos do Simples Nacional dar-se-á por intermédio da matriz.
§ 2o Poderá ser adotado sistema simplificado de arrecadação do Simples Nacional, inclusive sem utilização da rede bancária, mediante requerimento do Estado, Distrito Federal ou Município ao Comitê Gestor.
§ 3o O valor não pago até a data do vencimento sujeitar-se-á à incidência de encargos legais na forma prevista na legislação do imposto sobre a renda.
§ 4o Caso tenha havido a retenção na fonte do ISS, ele será definitivo e deverá ser deduzida a parcela do Simples Nacional a ele correspondente, que será apurada, tomando-se por base as receitas de prestação de serviços que sofreram tal retenção, na forma prevista nos §§ 12 a 14 do art. 18 desta Lei Complementar, não sendo o montante recolhido na forma do Simples Nacional objeto de partilha com os municípios.
§ 5o O Comitê Gestor regulará o modo pelo qual será solicitado o pedido de restituição ou compensação dos valores do Simples Nacional recolhidos indevidamente ou em montante superior ao devido.
Seção V
Do Repasse do Produto da Arrecadação
Art. 22. O Comitê Gestor definirá o sistema de repasses do total arrecadado, inclusive encargos legais, para o:
I - Município ou Distrito Federal, do valor correspondente ao ISS;
II - Estado ou Distrito Federal, do valor correspondente ao ICMS;
III - Instituto Nacional do Seguro Social, do valor correspondente à Contribuição para manutenção da Seguridade Social.
Parágrafo único. Enquanto o Comitê Gestor não regulamentar o prazo para o repasse previsto no inciso II do caput deste artigo, esse será efetuado nos prazos estabelecidos nos convênios celebrados no âmbito do colegiado a que se refere a alínea g do inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal.
Seção VI
Dos Créditos
Art. 23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.
Art. 24. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não poderão utilizar ou destinar qualquer valor a título de incentivo fiscal.
Seção VII
Das Obrigações Fiscais Acessórias
Art. 25. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes do Simples Nacional apresentarão, anualmente, à Secretaria da Receita Federal declaração única e simplificada de informações socioeconômicas e fiscais, que deverão ser disponibilizadas aos órgãos de fiscalização tributária e previdenciária, observados prazo e modelo aprovados pelo Comitê Gestor.
Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam obrigadas a:
I - emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com instruções expedidas pelo Comitê Gestor;
II - manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a apuração dos impostos e contribuições devidos e o cumprimento das obrigações acessórias a que se refere o art. 25 desta Lei Complementar enquanto não decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes.
§ 1o Os empreendedores individuais com receita bruta acumulada no ano de até R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais):
I - poderão optar por fornecer nota fiscal avulsa obtida nas Secretarias de Fazenda ou Finanças dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios;
II - farão a comprovação da receita bruta, mediante apresentação do registro de vendas independentemente de documento fiscal de venda ou prestação de serviço, ou escrituração simplificada das receitas, conforme instruções expedidas pelo Comitê Gestor;
III - ficam dispensados da emissão do documento fiscal previsto no inciso I do caput deste artigo caso requeiram nota fiscal gratuita na Secretaria de Fazenda municipal ou adotem formulário de escrituração simplificada das receitas nos municípios que não utilizem o sistema de nota fiscal gratuita, conforme instruções expedidas pelo Comitê Gestor.
§ 2o As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o livro-caixa em que será escriturada sua movimentação financeira e bancária.
§ 3o A exigência de declaração única a que se refere o caput do art. 25 desta Lei Complementar não desobriga a prestação de informações relativas a terceiros.
§ 4o As microempresas e empresas de pequeno porte referidas no § 2o deste artigo ficam sujeitas a outras obrigações acessórias a serem estabelecidas pelo Comitê Gestor, com características nacionalmente uniformes, vedado o estabelecimento de regras unilaterais pelas unidades políticas partícipes do sistema.
§ 5o As microempresas e empresas de pequeno porte ficam sujeitas à entrega de declaração eletrônica que deva conter os dados referentes aos serviços prestados ou tomados de terceiros, na conformidade do que dispuser o Comitê Gestor.
Art. 27. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional poderão, opcionalmente, adotar contabilidade simplificada para os registros e controles das operações realizadas, conforme regulamentação do Comitê Gestor.
Seção VIII
Da Exclusão do Simples Nacional
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua implementação serão regulamentados pelo Comitê Gestor.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força pública;
III - for oferecida resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde desenvolvam suas atividades ou se encontrem bens de sua propriedade;
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei Complementar;
VI - a empresa for declarada inapta, na forma dos arts. 81 e 82 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores;
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária;
IX - for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas supera em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade;
X - for constatado que durante o ano-calendário o valor das aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização, ressalvadas hipóteses justificadas de aumento de estoque, for superior a 80% (oitenta por cento) dos ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade.
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a X do caput deste artigo, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.
§ 2o O prazo de que trata o § 1o deste artigo será elevado para 10 (dez) anos caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta Lei Complementar.
§ 3o A exclusão de ofício será realizada na forma regulamentada pelo Comitê Gestor, cabendo o lançamento dos tributos e contribuições apurados aos respectivos entes tributantes.
§ 4o Para efeito do disposto no inciso I do caput deste artigo, não se considera período de atividade aquele em que tenha sido solicitada suspensão voluntária perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ.
§ 5o A competência para exclusão de ofício do Simples Nacional obedece ao disposto no art. 33, e o julgamento administrativo, ao disposto no art. 39, ambos desta Lei Complementar.
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
III - obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário de início de atividade, o limite de receita bruta correspondente a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), multiplicados pelo número de meses de funcionamento nesse período, em relação aos tributos e contribuições federais, e, em relação aos tributos estaduais, municipais e distritais, de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais), também multiplicados pelo número de meses de funcionamento no período, caso o Distrito Federal, os Estados e seus respectivos Municípios tenham adotado os limites previstos nos incisos I e II do art. 19 e no art. 20, ambos desta Lei Complementar.
§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal:
I - na hipótese do inciso I do caput deste artigo, até o último dia útil do mês de janeiro;
II - na hipótese do inciso II do caput deste artigo, até o último dia útil do mês subseqüente àquele em que ocorrida a situação de vedação;
III - na hipótese do inciso III do caput deste artigo, até o último dia útil do mês de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do início de atividades.
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser estabelecida pelo Comitê Gestor.
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1o de janeiro do ano-calendário subseqüente, ressalvado o disposto no § 4o deste artigo;
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva;
III - na hipótese do inciso III do caput do art. 30 desta Lei Complementar:
a) desde o início das atividades;
b) a partir de 1o de janeiro do ano-calendário subseqüente, na hipótese de não ter ultrapassado em mais de 20% (vinte por cento) o limite proporcional de que trata o § 10 do art. 3o desta Lei Complementar, em relação aos tributos federais, ou os respectivos limites de que trata o § 11 do mesmo artigo, em relação aos tributos estaduais, distritais ou municipais, conforme o caso;
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão.
§ 1o Na hipótese prevista no inciso III do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a microempresa ou empresa de pequeno porte não poderá optar, no ano-calendário subseqüente ao do início de atividades, pelo Simples Nacional.
§ 2o Na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, será permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de até 30 (trinta) dias contado a partir da ciência da comunicação da exclusão.
§ 3o A exclusão do Simples Nacional na hipótese em que os Estados, Distrito Federal e Municípios adotem limites de receita bruta inferiores a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) para efeito de recolhimento do ICMS e do ISS seguirá as regras acima, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor.
§ 4o No caso de a microempresa ou a empresa de pequeno porte ser excluída do Simples Nacional no mês de janeiro, na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, os efeitos da exclusão dar-se-ão nesse mesmo ano.
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
§ 1o Para efeitos do disposto no caput deste artigo, na hipótese da alínea a do inciso III do caput do art. 31 desta Lei Complementar, a microempresa ou a empresa de pequeno porte desenquadrada ficará sujeita ao pagamento da totalidade ou diferença dos respectivos impostos e contribuições, devidos de conformidade com as normas gerais de incidência, acrescidos, tão-somente, de juros de mora, quando efetuado antes do início de procedimento de ofício.
§ 2o Para efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo poderá optar pelo recolhimento do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido na forma do lucro presumido, lucro real trimestral ou anual.
Seção IX
Da Fiscalização
Art. 33. A competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações principais e acessórias relativas ao Simples Nacional e para verificar a ocorrência das hipóteses previstas no art. 29 desta Lei Complementar é da Secretaria da Receita Federal e das Secretarias de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do Distrito Federal, segundo a localização do estabelecimento, e, tratando-se de prestação de serviços incluídos na competência tributária municipal, a competência será também do respectivo Município.
§ 1o As Secretarias de Fazenda ou Finanças dos Estados poderão celebrar convênio com os Municípios de sua jurisdição para atribuir a estes a fiscalização a que se refere o caput deste artigo.
§ 2o Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte exercer alguma das atividades de prestação de serviços previstas nos incisos XIII a XXVIII do § 1o do art. 17 desta Lei Complementar, caberá à Secretaria da Receita Previdenciária a fiscalização da Contribuição para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
§ 3o O valor não pago, apurado em procedimento de fiscalização, será exigido em lançamento de ofício pela autoridade competente que realizou a fiscalização.
§ 4o O Comitê Gestor disciplinará o disposto neste artigo.
Seção X
Da Omissão de Receita
Art. 34. Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional todas as presunções de omissão de receita existentes nas legislações de regência dos impostos e contribuições incluídos no Simples Nacional.
Seção XI
Dos Acréscimos Legais
Art. 35. Aplicam-se aos impostos e contribuições devidos pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, inscritas no Simples Nacional, as normas relativas aos juros e multa de mora e de ofício previstas para o imposto de renda, inclusive, quando for o caso, em relação ao ICMS e ao ISS.
Art. 36. A falta de comunicação, quando obrigatória, da exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, nos prazos determinados no § 1o do art. 30 desta Lei Complementar, sujeitará a pessoa jurídica a multa correspondente a 10% (dez por cento) do total dos impostos e contribuições devidos de conformidade com o Simples Nacional no mês que anteceder o início dos efeitos da exclusão, não inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais), insusceptível de redução.
Art. 37. A imposição das multas de que trata esta Lei Complementar não exclui a aplicação das sanções previstas na legislação penal, inclusive em relação a declaração falsa, adulteração de documentos e emissão de nota fiscal em desacordo com a operação efetivamente praticada, a que estão sujeitos o titular ou sócio da pessoa jurídica.
Art. 38. O sujeito passivo que deixar de apresentar a Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica a que se refere o art. 25 desta Lei Complementar, no prazo fixado, ou que a apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela autoridade fiscal, na forma definida pelo Comitê Gestor, e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante dos tributos e contribuições informados na Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo;
II - de R$ 100,00 (cem reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas.
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso I do caput deste artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do auto de infração.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício;
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se houver a apresentação da declaração no prazo fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de R$ 500,00 (quinhentos reais).
§ 4o Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às especificações técnicas estabelecidas pelo Comitê Gestor.
§ 5o Na hipótese do § 4o deste artigo, o sujeito passivo será intimado a apresentar nova declaração, no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da intimação, e sujeitar-se-á à multa prevista no inciso I do caput deste artigo, observado o disposto nos §§ 1o a 3o deste artigo.
Seção XII
Do Processo Administrativo Fiscal
Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente federativo que efetuar o lançamento ou a exclusão de ofício, observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse ente.
§ 1o O Município poderá, mediante convênio, transferir a atribuição de julgamento exclusivamente ao respectivo Estado em que se localiza.
§ 2o No caso em que o contribuinte do Simples Nacional exerça atividades incluídas no campo de incidência do ICMS e do ISS e seja apurada omissão de receita de que não se consiga identificar a origem, a autuação será feita utilizando a maior alíquota prevista nesta Lei Complementar, e a parcela autuada que não seja correspondente aos tributos e contribuições federais será rateada entre Estados e Municípios ou Distrito Federal.
§ 3o Na hipótese referida no § 2o deste artigo, o julgamento caberá ao Estado ou ao Distrito Federal.
Art. 40. As consultas relativas ao Simples Nacional serão solucionadas pela Secretaria da Receita Federal, salvo quando se referirem a tributos e contribuições de competência estadual ou municipal, que serão solucionadas conforme a respectiva competência tributária, na forma disciplinada pelo Comitê Gestor.
Seção XIII
Do Processo Judicial
Art. 41. À exceção do disposto no § 3o deste artigo, os processos relativos a tributos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional serão ajuizados em face da União, que será representada em juízo pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
§ 1o Os Estados, Distrito Federal e Municípios prestarão auxílio à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em relação aos tributos de sua competência, na forma a ser disciplinada por ato do Comitê Gestor.
§ 2o Os créditos tributários oriundos da aplicação desta Lei Complementar serão apurados, inscritos em Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
§ 3o Mediante convênio, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderá delegar aos Estados e Municípios a inscrição em dívida ativa estadual e municipal e a cobrança judicial dos tributos estaduais e municipais a que se refere esta Lei Complementar.
CAPÍTULO V
DO ACESSO AOS MERCADOS
Seção única
Das Aquisições Públicas
Art. 42. Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato.
Art. 43. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
§ 1o Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
§ 2o A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o deste artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
Art. 44. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
§ 1o Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
§ 2o Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1o deste artigo será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.
Art. 45. Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
II - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1o e 2o do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1o e 2o do art. 44 desta Lei Complementar, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
§ 1o Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste artigo, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
§ 2o O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
§ 3o No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
Art. 46. A microempresa e a empresa de pequeno porte titular de direitos creditórios decorrentes de empenhos liquidados por órgãos e entidades da União, Estados, Distrito Federal e Município não pagos em até 30 (trinta) dias contados da data de liquidação poderão emitir cédula de crédito microempresarial.
Parágrafo único. A cédula de crédito microempresarial é título de crédito regido, subsidiariamente, pela legislação prevista para as cédulas de crédito comercial, tendo como lastro o empenho do poder público, cabendo ao Poder Executivo sua regulamentação no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da publicação desta Lei Complementar.
Art. 47. Nas contratações públicas da União, dos Estados e dos Municípios, poderá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica, desde que previsto e regulamentado na legislação do respectivo ente.
Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública poderá realizar processo licitatório:
I - destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
II - em que seja exigida dos licitantes a subcontratação de microempresa ou de empresa de pequeno porte, desde que o percentual máximo do objeto a ser subcontratado não exceda a 30% (trinta por cento) do total licitado;
III - em que se estabeleça cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, em certames para a aquisição de bens e serviços de natureza divisível.
§ 1o O valor licitado por meio do disposto neste artigo não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) do total licitado em cada ano civil.
§ 2o Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, os empenhos e pagamentos do órgão ou entidade da administração pública poderão ser destinados diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.
Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando:
I - os critérios de tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não forem expressamente previstos no instrumento convocatório;
II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;
III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;
IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.
CAPÍTULO VI
DA SIMPLIFICAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO
Seção I
Da Segurança e da Medicina do Trabalho
Art. 50. As microempresas serão estimuladas pelo poder público e pelos Serviços Sociais Autônomos a formar consórcios para acesso a serviços especializados em segurança e medicina do trabalho.
Seção II
Das Obrigações Trabalhistas
Art. 51. As microempresas e as empresas de pequeno porte são dispensadas:
I - da afixação de Quadro de Trabalho em suas dependências;
II - da anotação das férias dos empregados nos respectivos livros ou fichas de registro;
III - de empregar e matricular seus aprendizes nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem;
IV - da posse do livro intitulado "Inspeção do Trabalho"; e
V - de comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego a concessão de férias coletivas.
Art. 52. O disposto no art. 51 desta Lei Complementar não dispensa as microempresas e as empresas de pequeno porte dos seguintes procedimentos:
I - anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;
II - arquivamento dos documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, enquanto não prescreverem essas obrigações;
III - apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP;
IV - apresentação das Relações Anuais de Empregados e da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED.
Parágrafo único. (VETADO).
Art. 53. Além do disposto nos arts. 51 e 52 desta Lei Complementar, no que se refere às obrigações previdenciárias e trabalhistas, ao empresário com receita bruta anual no ano-calendário anterior de até R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) é concedido, ainda, o seguinte tratamento especial, até o dia 31 de dezembro do segundo ano subseqüente ao de sua formalização:
I - faculdade de o empresário ou os sócios da sociedade empresária contribuir para a Seguridade Social, em substituição à contribuição de que trata o caput do art. 21 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, na forma do § 2o do mesmo artigo, na redação dada por esta Lei Complementar;
II - dispensa do pagamento das contribuições sindicais de que trata a Seção I do Capítulo III do Título V da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943;
III - dispensa do pagamento das contribuições de interesse das entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical, de que trata o art. 240 da Constituição Federal, denominadas terceiros, e da contribuição social do salário-educação prevista na Lei no 9.424, de 24 de dezembro de 1996;
IV - dispensa do pagamento das contribuições sociais instituídas pelos arts. 1o e 2o da Lei Complementar no 110, de 29 de junho de 2001.
Parágrafo único. Os benefícios referidos neste artigo somente poderão ser usufruídos por até 3 (três) anos-calendário.
Seção III
Do Acesso à Justiça do Trabalho
Art. 54. É facultado ao empregador de microempresa ou de empresa de pequeno porte fazer-se substituir ou representar perante a Justiça do Trabalho por terceiros que conheçam dos fatos, ainda que não possuam vínculo trabalhista ou societário.
CAPÍTULO VII
DA FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA
Art. 55. A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental e de segurança, das microempresas e empresas de pequeno porte deverá ter natureza prioritariamente orientadora, quando a atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse procedimento.
§ 1o Será observado o critério de dupla visita para lavratura de autos de infração, salvo quando for constatada infração por falta de registro de empregado ou anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, ou, ainda, na ocorrência de reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização.
§ 2o (VETADO).
§ 3o Os órgãos e entidades competentes definirão, em 12 (doze) meses, as atividades e situações cujo grau de risco seja considerado alto, as quais não se sujeitarão ao disposto neste artigo.
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica ao processo administrativo fiscal relativo a tributos, que se dará na forma dos arts. 39 e 40 desta Lei Complementar.
CAPÍTULO VIII
DO ASSOCIATIVISMO
Seção Única
Do Consórcio Simples
Art. 56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional poderão realizar negócios de compra e venda, de bens e serviços, para os mercados nacional e internacional, por meio de consórcio, por prazo indeterminado, nos termos e condições estabelecidos pelo Poder Executivo federal.
§ 1o O consórcio de que trata o caput deste artigo será composto exclusivamente por microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional.
§ 2o O consórcio referido no caput deste artigo destinar-se-á ao aumento de competitividade e a sua inserção em novos mercados internos e externos, por meio de ganhos de escala, redução de custos, gestão estratégica, maior capacitação, acesso a crédito e a novas tecnologias.
CAPÍTULO IX
DO ESTÍMULO AO CRÉDITO E À CAPITALIZAÇÃO
Seção I
Disposições Gerais
Art. 57. O Poder Executivo federal proporá, sempre que necessário, medidas no sentido de melhorar o acesso das microempresas e empresas de pequeno porte aos mercados de crédito e de capitais, objetivando a redução do custo de transação, a elevação da eficiência alocativa, o incentivo ao ambiente concorrencial e a qualidade do conjunto informacional, em especial o acesso e portabilidade das informações cadastrais relativas ao crédito.
Art. 58. Os bancos comerciais públicos e os bancos múltiplos públicos com carteira comercial e a Caixa Econômica Federal manterão linhas de crédito específicas para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, devendo o montante disponível e suas condições de acesso ser expressos nos respectivos orçamentos e amplamente divulgadas.
Parágrafo único. As instituições mencionadas no caput deste artigo deverão publicar, juntamente com os respectivos balanços, relatório circunstanciado dos recursos alocados às linhas de crédito referidas no caput deste artigo e aqueles efetivamente utilizados, consignando, obrigatoriamente, as justificativas do desempenho alcançado.
Art. 59. As instituições referidas no caput do art. 58 desta Lei Complementar devem se articular com as respectivas entidades de apoio e representação das microempresas e empresas de pequeno porte, no sentido de proporcionar e desenvolver programas de treinamento, desenvolvimento gerencial e capacitação tecnológica.
Art. 60. (VETADO).
Art. 61. Para fins de apoio creditício às operações de comércio exterior das microempresas e das empresas de pequeno porte, serão utilizados os parâmetros de enquadramento ou outros instrumentos de alta significância para as microempresas, empresas de pequeno porte exportadoras segundo o porte de empresas, aprovados pelo Mercado Comum do Sul - MERCOSUL.
Seção II
Das Responsabilidades do Banco Central do Brasil
Art. 62. O Banco Central do Brasil poderá disponibilizar dados e informações para as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, inclusive por meio do Sistema de Informações de Crédito - SCR, visando a ampliar o acesso ao crédito para microempresas e empresas de pequeno porte e fomentar a competição bancária.
§ 1o O disposto no caput deste artigo alcança a disponibilização de dados e informações específicas relativas ao histórico de relacionamento bancário e creditício das microempresas e das empresas de pequeno porte, apenas aos próprios titulares.
§ 2o O Banco Central do Brasil poderá garantir o acesso simplificado, favorecido e diferenciado dos dados e informações constantes no § 1o deste artigo aos seus respectivos interessados, podendo a instituição optar por realizá-lo por meio das instituições financeiras, com as quais o próprio cliente tenha relacionamento.
Seção III
Das Condições de Acesso aos Depósitos Especiais do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT
Art. 63. O CODEFAT poderá disponibilizar recursos financeiros por meio da criação de programa específico para as cooperativas de crédito de cujos quadros de cooperados participem microempreendedores, empreendedores de microempresa e empresa de pequeno porte bem como suas empresas.
Parágrafo único. Os recursos referidos no caput deste artigo deverão ser destinados exclusivamente às microempresas e empresas de pequeno porte.
CAPÍTULO X
DO ESTÍMULO À INOVAÇÃO
Seção I
Disposições Gerais
Art. 64. Para os efeitos desta Lei Complementar considera-se:
I - inovação: a concepção de um novo produto ou processo de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando em maior competitividade no mercado;
II - agência de fomento: órgão ou instituição de natureza pública ou privada que tenha entre os seus objetivos o financiamento de ações que visem a estimular e promover o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação;
III - Instituição Científica e Tecnológica - ICT: órgão ou entidade da administração pública que tenha por missão institucional, dentre outras, executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico;
IV - núcleo de inovação tecnológica: núcleo ou órgão constituído por uma ou mais ICT com a finalidade de gerir sua política de inovação;
V - instituição de apoio: instituições criadas sob o amparo da Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994, com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico.
Seção II
Do Apoio à Inovação
Art. 65. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e as respectivas agências de fomento, as ICT, os núcleos de inovação tecnológica e as instituições de apoio manterão programas específicos para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive quando estas revestirem a forma de incubadoras, observando-se o seguinte:
I - as condições de acesso serão diferenciadas, favorecidas e simplificadas;
II - o montante disponível e suas condições de acesso deverão ser expressos nos respectivos orçamentos e amplamente divulgados.
§ 1o As instituições deverão publicar, juntamente com as respectivas prestações de contas, relatório circunstanciado das estratégias para maximização da participação do segmento, assim como dos recursos alocados às ações referidas no caput deste artigo e aqueles efetivamente utilizados, consignando, obrigatoriamente, as justificativas do desempenho alcançado no período.
§ 2o As pessoas jurídicas referidas no caput deste artigo terão por meta a aplicação de, no mínimo, 20% (vinte por cento) dos recursos destinados à inovação para o desenvolvimento de tal atividade nas microempresas ou nas empresas de pequeno porte.
§ 3o Os órgãos e entidades integrantes da administração pública federal atuantes em pesquisa, desenvolvimento ou capacitação tecnológica terão por meta efetivar suas aplicações, no percentual mínimo fixado no § 2o deste artigo, em programas e projetos de apoio às microempresas ou às empresas de pequeno porte, transmitindo ao Ministério da Ciência e Tecnologia, no primeiro trimestre de cada ano, informação relativa aos valores alocados e a respectiva relação percentual em relação ao total dos recursos destinados para esse fim.
§ 4o Fica o Ministério da Fazenda autorizado a reduzir a zero a alíquota do IPI, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep incidentes na aquisição de equipamentos, máquinas, aparelhos, instrumentos, acessórios sobressalentes e ferramentas que os acompanhem, adquiridos por microempresas ou empresas de pequeno porte que atuem no setor de inovação tecnológica, na forma definida em regulamento.
Art. 66. No primeiro trimestre do ano subseqüente, os órgãos e entidades a que alude o art. 67 desta Lei Complementar transmitirão ao Ministério da Ciência e Tecnologia relatório circunstanciado dos projetos realizados, compreendendo a análise do desempenho alcançado.
Art. 67. Os órgãos congêneres ao Ministério da Ciência e Tecnologia estaduais e municipais deverão elaborar e divulgar relatório anual indicando o valor dos recursos recebidos, inclusive por transferência de terceiros, que foram aplicados diretamente ou por organizações vinculadas, por Fundos Setoriais e outros, no segmento das microempresas e empresas de pequeno porte, retratando e avaliando os resultados obtidos e indicando as previsões de ações e metas para ampliação de sua participação no exercício seguinte.
CAPÍTULO XI
DAS REGRAS CIVIS E EMPRESARIAIS
Seção I
Das Regras Civis
Subseção I
Do Pequeno Empresário
Art. 68. Considera-se pequeno empresário, para efeito de aplicação do disposto nos arts. 970 e 1.179 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o empresário individual caracterizado como microempresa na forma desta Lei Complementar que aufira receita bruta anual de até R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).
Subseção II
(VETADO)
Art. 69. (VETADO).
Seção II
Das Deliberações Sociais e da Estrutura Organizacional
Art. 70. As microempresas e as empresas de pequeno porte são desobrigadas da realização de reuniões e assembléias em qualquer das situações previstas na legislação civil, as quais serão substituídas por deliberação representativa do primeiro número inteiro superior à metade do capital social.
§ 1o O disposto no caput deste artigo não se aplica caso haja disposição contratual em contrário, caso ocorra hipótese de justa causa que enseje a exclusão de sócio ou caso um ou mais sócios ponham em risco a continuidade da empresa em virtude de atos de inegável gravidade.
§ 2o Nos casos referidos no § 1o deste artigo, realizar-se-á reunião ou assembléia de acordo com a legislação civil.
Art. 71. Os empresários e as sociedades de que trata esta Lei Complementar, nos termos da legislação civil, ficam dispensados da publicação de qualquer ato societário.
Seção III
Do Nome Empresarial
Art. 72. As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos da legislação civil, acrescentarão à sua firma ou denominação as expressões "Microempresa" ou "Empresa de Pequeno Porte", ou suas respectivas abreviações, "ME" ou "EPP", conforme o caso, sendo facultativa a inclusão do objeto da sociedade.
Seção IV
Do Protesto de Títulos
Art. 73. O protesto de título, quando o devedor for microempresário ou empresa de pequeno porte, é sujeito às seguintes condições:
I - sobre os emolumentos do tabelião não incidirão quaisquer acréscimos a título de taxas, custas e contribuições para o Estado ou Distrito Federal, carteira de previdência, fundo de custeio de atos gratuitos, fundos especiais do Tribunal de Justiça, bem como de associação de classe, criados ou que venham a ser criados sob qualquer título ou denominação, ressalvada a cobrança do devedor das despesas de correio, condução e publicação de edital para realização da intimação;
II - para o pagamento do título em cartório, não poderá ser exigido cheque de emissão de estabelecimento bancário, mas, feito o pagamento por meio de cheque, de emissão de estabelecimento bancário ou não, a quitação dada pelo tabelionato de protesto será condicionada à efetiva liquidação do cheque;
III - o cancelamento do registro de protesto, fundado no pagamento do título, será feito independentemente de declaração de anuência do credor, salvo no caso de impossibilidade de apresentação do original protestado;
IV - para os fins do disposto no caput e nos incisos I, II e III do caput deste artigo, o devedor deverá provar sua qualidade de microempresa ou de empresa de pequeno porte perante o tabelionato de protestos de títulos, mediante documento expedido pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso;
V - quando o pagamento do título ocorrer com cheque sem a devida provisão de fundos, serão automaticamente suspensos pelos cartórios de protesto, pelo prazo de 1 (um) ano, todos os benefícios previstos para o devedor neste artigo, independentemente da lavratura e registro do respectivo protesto.
CAPÍTULO XII
DO ACESSO À JUSTIÇA
Seção I
Do Acesso aos Juizados Especiais
Art. 74. Aplica-se às microempresas e às empresas de pequeno porte de que trata esta Lei Complementar o disposto no § 1o do art. 8o da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, e no inciso I do caput do art. 6o da Lei no 10.259, de 12 de julho de 2001, as quais, assim como as pessoas físicas capazes, passam a ser admitidas como proponentes de ação perante o Juizado Especial, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas.
Seção II
Da Conciliação Prévia, Mediação e Arbitragem
Art. 75. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão ser estimuladas a utilizar os institutos de conciliação prévia, mediação e arbitragem para solução dos seus conflitos.
§ 1o Serão reconhecidos de pleno direito os acordos celebrados no âmbito das comissões de conciliação prévia.
§ 2o O estímulo a que se refere o caput deste artigo compreenderá campanhas de divulgação, serviços de esclarecimento e tratamento diferenciado, simplificado e favorecido no tocante aos custos administrativos e honorários cobrados.
CAPÍTULO XIII
DO APOIO E DA REPRESENTAÇÃO
Art. 76. Para o cumprimento do disposto nesta Lei Complementar, bem como para desenvolver e acompanhar políticas públicas voltadas às microempresas e empresas de pequeno porte, o poder público, em consonância com o Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, sob a coordenação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, deverá incentivar e apoiar a criação de fóruns com participação dos órgãos públicos competentes e das entidades vinculadas ao setor.
Parágrafo único. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior coordenará com as entidades representativas das microempresas e empresas de pequeno porte a implementação dos fóruns regionais nas unidades da federação.
CAPÍTULO XIV
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 77. Promulgada esta Lei Complementar, o Comitê Gestor expedirá, em 6 (seis) meses, as instruções que se fizerem necessárias à sua execução.
§ 1o O Ministério do Trabalho e Emprego, a Secretaria da Receita Federal, a Secretaria da Receita Previdenciária, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão editar, em 1 (um) ano, as leis e demais atos necessários para assegurar o pronto e imediato tratamento jurídico diferenciado, simplificado e favorecido às microempresas e às empresas de pequeno porte.
§ 2o As empresas públicas e as sociedades de economia mista integrantes da administração pública federal adotarão, no prazo previsto no § 1o deste artigo, as providências necessárias à adaptação dos respectivos estatutos ao disposto nesta Lei Complementar.
§ 3o (VETADO).
Art. 78. As microempresas e as empresas de pequeno porte que se encontrem sem movimento há mais de 3 (três) anos poderão dar baixa nos registros dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, independentemente do pagamento de débitos tributários, taxas ou multas devidas pelo atraso na entrega das respectivas declarações nesses períodos.
§ 1o Os órgãos referidos no caput deste artigo terão o prazo de 60 (sessenta) dias para efetivar a baixa nos respectivos cadastros.
§ 2o Ultrapassado o prazo previsto no § 1o deste artigo sem manifestação do órgão competente, presumir-se-á a baixa dos registros das microempresas e as das empresas de pequeno porte.
§ 3o A baixa, na hipótese prevista neste artigo ou nos demais casos em que venha a ser efetivada, inclusive naquele a que se refere o art. 9o desta Lei Complementar, não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados impostos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da simples falta de recolhimento ou da prática, comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial, de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas microempresas, pelas empresas de pequeno porte ou por seus sócios ou administradores, reputando-se como solidariamente responsáveis, em qualquer das hipóteses referidas neste artigo, os titulares, os sócios e os administradores do período de ocorrência dos respectivos fatos geradores ou em períodos posteriores.
§ 4o Os titulares ou sócios também são solidariamente responsáveis pelos tributos ou contribuições que não tenham sido pagos ou recolhidos, inclusive multa de mora ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora.
Art. 79. Será concedido, para ingresso no regime diferenciado e favorecido previsto nesta Lei Complementar, parcelamento, em até 120 (cento e vinte) parcelas mensais e sucessivas, dos débitos relativos aos tributos e contribuições previstos no Simples Nacional, de responsabilidade da microempresa ou empresa de pequeno porte e de seu titular ou sócio, relativos a fatos geradores ocorridos até 31 de janeiro de 2006.
§ 1o O valor mínimo da parcela mensal será de R$ 100,00 (cem reais), considerados isoladamente os débitos para com a Fazenda Nacional, para com a Seguridade Social, para com a Fazenda dos Estados, dos Municípios ou do Distrito Federal.
§ 2o Esse parcelamento alcança inclusive débitos inscritos em dívida ativa.
§ 3o O parcelamento será requerido à respectiva Fazenda para com a qual o sujeito passivo esteja em débito.
§ 4o Aplicam-se ao disposto neste artigo as demais regras vigentes para parcelamento de tributos e contribuições federais, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor.
Art. 80. O art. 21 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, fica acrescido dos seguintes §§ 2o e 3o, passando o parágrafo único a vigorar como § 1o:
"Art. 21. .................................................................................
................................................................................................
§ 2o É de 11% (onze por cento) sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-contribuição a alíquota de contribuição do segurado contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado, e do segurado facultativo que optarem pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.
§ 3o O segurado que tenha contribuído na forma do § 2o deste artigo e pretenda contar o tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição ou da contagem recíproca do tempo de contribuição a que se refere o art. 94 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, deverá complementar a contribuição mensal mediante o recolhimento de mais 9% (nove por cento), acrescido dos juros moratórios de que trata o disposto no art. 34 desta Lei." (NR)
Art. 81. O art. 45 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 45. .....................................................................................
...................................................................................................
§ 2o Para apuração e constituição dos créditos a que se refere o § 1o deste artigo, a Seguridade Social utilizará como base de incidência o valor da média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, reajustados, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994.
................................................................................................
§ 4o Sobre os valores apurados na forma dos §§ 2o e 3o deste artigo incidirão juros moratórios de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, capitalizados anualmente, limitados ao percentual máximo de 50% (cinqüenta por cento), e multa de 10% (dez por cento).
.............................................................................................
§ 7o A contribuição complementar a que se refere o § 3o do art. 21 desta Lei será exigida a qualquer tempo, sob pena de indeferimento do benefício." (NR)
Art. 82. A Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 9o ..................................................................................
§ 1o O Regime Geral de Previdência Social - RGPS garante a cobertura de todas as situações expressas no art. 1o desta Lei, exceto as de desemprego involuntário, objeto de lei específica, e de aposentadoria por tempo de contribuição para o trabalhador de que trata o § 2o do art. 21 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
.......................................................................................... " (NR)
"Art. 18. ......................................................................................
I - ...............................................................................................
................................................................................................
c) aposentadoria por tempo de contribuição;
................................................................................................
§ 3o O segurado contribuinte individual, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado, e o segurado facultativo que contribuam na forma do § 2o do art. 21 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, não farão jus à aposentadoria por tempo de contribuição." (NR)
"Art. 55. ...................................................................................
...............................................................................................
§ 4o Não será computado como tempo de contribuição, para efeito de concessão do benefício de que trata esta subseção, o período em que o segurado contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído na forma do § 2o do art. 21 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, salvo se tiver complementado as contribuições na forma do § 3o do mesmo artigo." (NR)
Art. 83. O art. 94 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, fica acrescido do seguinte § 2o, passando o parágrafo único a vigorar como § 1o:
"Art. 94. ........................................................................................
.....................................................................................................
§ 2o Não será computado como tempo de contribuição, para efeito dos benefícios previstos em regimes próprios de previdência social, o período em que o segurado contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído na forma do § 2o do art. 21 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, salvo se complementadas as contribuições na forma do § 3o do mesmo artigo." (NR)
Art. 84. O art. 58 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3o:
"Art. 58. .....................................................................................
...................................................................................................
§ 3o Poderão ser fixados, para as microempresas e empresas de pequeno porte, por meio de acordo ou convenção coletiva, em caso de transporte fornecido pelo empregador, em local de difícil acesso ou não servido por transporte público, o tempo médio despendido pelo empregado, bem como a forma e a natureza da remuneração." (NR)
Art. 85. (VETADO).
Art. 86. As matérias tratadas nesta Lei Complementar que não sejam reservadas constitucionalmente a lei complementar poderão ser objeto de alteração por lei ordinária.
Art. 87. O § 1o do art. 3o da Lei Complementar no 63, de 11 de janeiro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3o ......................................................................................
§ 1o O valor adicionado corresponderá, para cada Município:
I - ao valor das mercadorias saídas, acrescido do valor das prestações de serviços, no seu território, deduzido o valor das mercadorias entradas, em cada ano civil;
II - nas hipóteses de tributação simplificada a que se refere o parágrafo único do art. 146 da Constituição Federal, e, em outras situações, em que se dispensem os controles de entrada, considerar-se-á como valor adicionado o percentual de 32% (trinta e dois por cento) da receita bruta.
...................................................................................... " (NR)
Art. 88. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, ressalvado o regime de tributação das microempresas e empresas de pequeno porte, que entra em vigor em 1o de julho de 2007.
Art. 89. Ficam revogadas, a partir de 1o de julho de 2007, a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e a Lei no 9.841, de 5 de outubro de 1999.
Brasília, 14 de dezembro de 2006; 185o da Independência e 118o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Luiz Marinho
Luiz Fernando Furlan
Dilma Rousseff
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 15.12.2006